Autogobiernos de México

Es la historia poco común de un municipio de la Sierra Negra de Guerrero en el cual salió el sol después de muchos años de oscuro infierno impuesto por el Narco-Estado local. Una historia poco común porque nos cuenta cómo el pueblo de Tixtla de Guerrero logró un boicot exitoso de las elecciones dentro de su municipio, entiendan por exitoso la anulación del proceso electoral gubernamental, abriendo así un vacío de poder a partir del cual este pueblo tuvo la oportunidad de proponer una alternativa política legal.

Esta victoria popular se debe en mayor parte a que la imparable determinación de unos padres de desaparecidos del Narco-Estado convirtió un drama personal en un argumento político transformador para todo el municipio. Sin embargo, esta excepcional historia es una tragicomedia como sólo México parece tener el secreto. El digno camino hacia la emancipación política no es el más fácil y veremos como el enemigo, que muchas veces resulta ser interno, consiguió revolcar esa situación llena de esperanzas libertarias para convertirla en un infierno lleno de muertes, miedos y más desaparecidos.

Ha venido el momento de sacar a la luz esta verdad histórica, porque en algún momento, en algún puntito del gran mapa de México, un pueblo hizo historia al perder el miedo y lograr unirse, organizarse y pararse frente la ignominia que le querian imponer tanto los partidos como las fuerzas armadas y la delincuencia organizada que son, en este país, la misma cosa. Lo que pasó después puede y debe servir de lección para los tixtlecos, que ahora se encuentran submergidos en peores aguas, pero también para todas las comunidades que caminan hacia su autodeterminación.

Tixtla de Guerrero tiene 14 de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por el Narco-Estado debido a que la escuela este localizada dentro del municipio. Desde el 26 de septiembre 2014, noche de los hechos, este municipio es el teatro de un movimiento de amplitud nacional e internacional, encabezado por los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que multiplican tomas de palabras y acciones directas en todo el territorio mexicano, con la exigencia principal y no negociable de presentación con vida de sus hijos.

Rápidamente, el movimiento magisterial local y nacional movilizado en contra de la Reforma dicha « Educativa » se solidariza con los padres y alumnos de Ayotzinapa, integrando a sus exigencia la presentación con vida de los jóvenes y rellenando con miles de manifestantes las filas de un movimiento en búsqueda de apoyo. El 21 de octubre 2015, a un mes de la masacre, las Bases del Magisterio de Tixtla (CETEG y MPG) toman el Ayuntamiento de Tixtla y su Auditorio Municipal como muestra de repudio ante los hechos ocurrido en Iguala y que todavía no encuentran solución.

A partir de entonces, el papel del Magisterio local en lo que es el movimiento social tixleco aumenta de manera muy significativa y sus líderes internos empiezan a tomar cada vez más protagonismo dentro de las asambleas y en las tomas de decisiones. Por otro lado, se convoca a la sociedad civil y a las organizaciones sociales del país a venir apoyar el movimiento desde la normal de Ayotzinapa que se encuentra en paro total como lo exigieron los padres de los 43.

Muchas organizaciones, incluyendo a la ANP (Asamblea Nacional Popular) se establecen en la normal ocupada y se convoca un encuentro de artistas para pintar las paredes del Auditorio con un mural recordando la « Verdad Histórica » de México desde 1988 hacia la fecha, incluyendo las masacres de Aguas Blancas, Acteal, el levantamiento Zapatista, el EPR, la APPO, etc… Sin embargo, el Auditorio se mantiene cerrado por la cúpula del Magisterio local desaprovechando el potencial que tiene este edificio situado en la plaza central de la ciudad.

Durante estos múltiples encuentros se construye el acuerdo avalado por la ANP de boicotear la farsa electoral (entendido éste como una táctica y no como un fin) bajo la firma consigna « ¡Sin Solución, no habrá elección! ». Se invoca la decisión legítima del pueblo de Tixtla de « decidir su forma de organización sin la intervención del sistema electoral y partidista, ni de ningún político, solo la voz de las mujeres y hombres trabajadores ». Surge entonces el Comité Promotor durante el mes de abril 2015 con la misión principal de acompañar la organización del pueblo en la búsqueda de una nueva forma de generar autogestión: un nuevo poder democrático y popular a través de las Asambleas Populares.

El Comité es rápidamente integrado por miembros de diferentes grupos: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), compañeros activistas, miembros del Magisterio, de organizaciones sociales, representantes de colonias, barrios y comunidades, padres de los 43 y estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Inspirados por el ejemplo de Cherán en Michoacán, empiezan juntos a trabajar en la constitución de un Concejo Popular Municipal. Esta obra se desarrolla de manera intensiva desde esa fecha mediante brigadeos y perifoneos en los barrios y colonias que permiten informar a la sociedad sobre « el caso de los 43, la inoperancia de la farsa electoral, los partidos políticos y sus candidatos y el efecto negativo de las reformas estructurales ». Comunicado del Consejo Popular de Tixtla Guerrero, 1 de junio 2015.

Durante el mes de mayo, se constituye la Asamblea Popular Municipal para difundir y organizar el trabajo rumbo a la jornada electoral. A partir de entonces, se empieza a interpelar los candidatos del PRI, MORENA, PRD Y MC, boicoteando sistemáticamente sus actos proselitistas y retirando cualquier propaganda partidista dentro de todo el municipio. Se nombra una dirección colectiva que tendrá duración hasta el día de la elección y a la cual se integra un elemento por organización participante. También, se establece un calendario de acciones en caja a la votación del 7 de junio.

A las provocaciones y amenazas vociferadas por David Martínez Valadez, síndico procurador del ayuntamiento criminal extinto (hoy entusiasta militante del partido Morena), el Comité Promotor responde:
« Este señor vocifera el derecho al voto, pero es primordial el derecho a la vida y en ningún momento se le niega a la población el derecho a elegir, es precisamente eso lo que promovemos, elegir sin ningún pago o despensa de por medio, elegir libremente mediante nuestras asambleas, máximo órgano de decisión en nuestras comunidades y barrios sin gastar un solo peso para campañas. Las prácticas fascistas que siempre ha emprendido David Martínez Valadez no son nuevas, al igual que su manera de robar al erario público, por sentido común si el síndico es maestro, entonces debe estar adscrito a alguna escuela de lo contrario es un aviador, para tener la cualidad moral de representar al pueblo debe explicar los permisos de mixtas que tiene, así como en conjunto con Gustavo Alcaraz (ex alcalde) deben explicar al municipio porque están vendiendo los lotes del mercado nuevo, porque no han investigado y depurado su policía municipal. »

Por otro lado, frente a la radicalización creciente del movimiento y su clara determinación de boicotear el proceso electoral, comienza a circular la sorprendente propuesta, desde la cúpula del Consejo Magisterial, de entregar el Ayuntamiento. Sin embargo, las propias bases del Magisterio desaprueban esta propuesta mientras las organizaciones sociales toman la decisión de mantener el edificio bajo su responsabilidad, decisión que se propone en la nueva Asamblea Popular Municipal. Aparecen entonces divergencias dentro del movimiento alimentadas por las sospechas alrededor del líder del Magisterio local, Miguel Ángel Vargas, que es también el cuñado del candidato PRD a la alcaldía del municipio, Hossein Nabor Guillén. Sus propios compañeros lo sorprenden actuando con doble cara, confundiendo con falsas noticias, escondiéndose cuando se le necesita o desapareciendo las llaves del Auditorio durante momentos claves de organización.

Dentro de la normal, la situación se pone también cada vez más tensa, primero con las declaraciones en la prensa de Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43, quien afirma, al igual que otros compañeros, recibir amenazas diario. Otros rumores intentan desprestigiar este mismo personaje que acusan de lucrarse con el movimiento, o desprestigiar la cúpula de poder de Ayotzinapa que acusan de ser infiltrada por miembros de Los Rojos, el grupo de la delincuencia organizada que se disputa la plaza con Los Ardillos. A esos ataques se añaden diferentes conflictos y actos violentos generados por una brigada especifica (El Fortín) dentro de la Policía Comunitaria, acciones que vienen a confundir la población para dañar su relación de confianza hacia sus “autodefensas”.

Durante estos conflictivos días en los cuales se revelan varios agentes provocador o “sembrador de discordia”, incluso dentro del grupo de apoyo externo, el gobierno decide cortar el presupuesto destinado a la normal Ayotzinapa por encontrarse en paro de actividades desde varios meses. Esta decisión provoca la huida de muchos alumnos en resistencia y la decisión radical del comité directivo de Ayotzinapa de expulsar a todas las organizaciones y activistas establecidos en la normal, posición desde la cual podían tanto apoyar el movimiento local como proteger la escuela frente la amenaza de su inminente desalojo. Un grupo muy reducido de activistas y artistas se quedan en la ciudad para seguir con sus actividades dentro del Auditorio tomado, a pesar de las maniobras de la cúpula del Magisterio para mantenerlo cerrado a toda costa. La expulsión de la base militante establecida en la normal es un golpe duro tanto para el Comité Promotor como para la organización del boicot, a pocos días de las elecciones.

Al aproximarse el 7 de Junio, el Comité Promotor acusa el Estado de « refinar y ascender en sus formas represivas a través del Mando Único policial con carácter terrorista, implementando una forma desgastante y altamente coercitiva contra las organizaciones sociales: la represión selectiva, sitiando al municipio con la presencia del Ejercito, la Marina, Federales, Estatales y Municipales. Al llegar el día de las elecciones, la cúpula del Consejo Magisterial ya había establecido comunicación previa con el gobierno del estado, haciéndoles creer de una actitud “bondadosa” del Poder Ejecutivo ante la “posible represión que se avecinaba para todo aquél que pretendiera impedir la instalación de casillas”. »

El día anterior a las elecciones, se inicia una mega-marcha desde la normal y rumbo al Auditorio tomado que demuestra una vez más que el pueblo sigue movilizado y que beneficia de muchos apoyos externos. Por otro lado, en el entronque de la vía Chilpancingo-Chilapa, los contingentes de padres, normalistas e integrantes del MPG retienen cuatro camiones y cinco patrullas pick-up con decenas de policías federales que portan armas largas. Cayendo la noche, militares y policías sitian a la normal cortándole la luz. Se escuchan disparos durante varias horas consecutivas lo que provoca la huida de muchos de los últimos compañeros movilizados en la escuela.

El 7 de junio, un contingente formado principalmente por padres de los 43 y estudiantes de la normal, campesinos, colonos y maestros aglutinados en el Comité Promotor del Concejo Popular Municipal o en el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) bloquean los accesos y salidas de la cabecera municipal de Tixtla, cerrando el paso a policías federales que viajaban en 15 camiones y 13 camionetas. Caminando de casillas en casillas, el contingente intenta convencer con argumentos pero también con intimidación a la no-instalación de las casillas, recuperando la papeleta electoral y quemándola públicamente de manera simbólica.

Pocas horas después, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero anuncia la anulación de la elección para la Presidencia Municipal, debido a que activistas quemaron más del 20 por ciento de las casillas del municipio. La presidenta del órgano electoral, Marisela Reyes Reyes, lamenta la situación afirmando que fueron robadas 28 de las 54 casillas que corresponden al municipio y declara que el Instituto definirá la vía legal para reponer el proceso. La Sala Unitaria de Tribunal Electoral del Estado (TEE) invalida la elección y revoca la constancia de mayoría a Saul Nava Estudillo como alcalde, quien ya había sido declarado ganador para edil de esta entidad por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Durante la tarde del mismo día, aparece un grupo de choque compuesto por más de 200 personas, en su mayoría externas al municipio, armadas con palos y encabezados por el priista Raúl Vega Astudillo, primo del Gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Raúl fue acusado de actos de corrupción en 2004, cuando era funcionario de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y funge ahora como coordinador de campaña del candidato a la Alcaldía de Tixtla, Saúl Nava Astudillo, también familiar de Héctor Astudillo. Con su ejército de porros acareados, cortan las calles, intimidan a los compañeros y toman posesión del Auditorio. Empiezan entonces a saquearlo, tachando las pinturas del frente de artistas al grito de « fuera extranjeros, eso es el verdadero pueblo de Tíxtla ». Sin embargo, acusar al movimiento social tixtlecos de ser manipulado por gente de afuera que « vienen a romper la paz en el municipio » ha sido siempre el argumento principal de los detractores del boicot.

Después del 7 de junio, se inicia otra fase de la lucha por lo que se acuerda en la Asamblea Popular Municipal mantener el edificio y se exige de la cúpula del Consejo Magisterial romper todo tipo de pláticas con las autoridades municipales, estatales o federales. Sin embargo, estos elementos hacen caso omiso y el Comité Promotor afirma tener evidencias de sus constantes acercamientos, incluyendo testimonios de los mismos integrantes del Consejo Magisterial y, posteriormente, fotografías difundidas por el gobierno del estado.

Durante todo este proceso, y desde su ventajosa posición, la cúpula del Consejo Magisterial tuvo relaciones con el Gobierno Municipal y Estatal, frenando constantemente tanto las acciones como la toma de decisiones, desacreditando al movimiento con incoherencias, polémicas y rumores sobre los compañeros más “insubordinados”. El golpe de gracia, lo dará firmando la liquidación de la lucha social al recibir el Gobernador y entregarle el Ayuntamiento tomado sin el consentimiento de sus bases. Finalmente, el Comité Promotor empieza a entender que la mano del Gobierno siempre estuvo presente.

A finales de junio, se aprueba en la Asamblea Popular Municipal el plan de acción: « Reforzar y reestructurar el Comité Promotor para enfrentar esta nueva fase; realizar un diagnostico con el apoyo técnico de la Escuela de Antropología, integrar la participación directa de las comunidades; realizar el trabajo de brigadeo, atendiendo las condiciones propias de cada barrio, colonia y comunidad; trabajar de manera permanente en la formación de Cuadros Políticos; utilizar los diversos medios (radio, tv, internet, etc) para la difusión de las actividades; llamar a la unidad para el desarrollo de las acciones que lleven a la consecución de propósito común. »

Acta del acuerdo de entrega del Auditorio Municipal

Para contrarrestar dichos planes y recuperar entre sus manos el proyecto de emancipación política del municipio, los miembros de la cúpula del Consejo Magisterial empiezan a « asumirse como “fundadores del Comité Promotor”, haciendo a un lado a los más radicales pero sí esforzándose por cobijar aquellas organizaciones ajenas al movimiento que hoy, al querer ser elegidos como “Consejales” en un tiempo límite menor a 45 días, participan en asambleas municipales encausando hacia sus propios intereses el rumbo de un Consejo Municipal Popular pactado por el mismo Gobierno. »

Por ejemplo, la “Representante del barrio del Fortín” termina siendo la fiel aliada de Miguel Ángel Vargas, compañera maestra Cristina, elegida por menos del 20% de los habitantes del barrio; cuando ese 20% que en algún momento se reunió en el barrio del Fortín había sido convocado por los padres de los 43 y su información era con fines al boicot. La supuesta “concejal”, que carece tanto de formación política como de apoyo legitimo de una base concreta, acaba rápidamente por quedarse sola, y al momento de querer volver a convocar a su “barrio”, solo 2 o 3 personas acuden a la llamada.

En lo que parece ser el colmo de la ironía, el recién nombrado Concejo Popular Ciudadano (que ya no es Municipal) decide ser encabezado por un Presidente que tendrá el papel de alcalde frente al Gobierno Federal, con sus concejales cumpliendo como tradicionales regidores. La gran farsa parece alcanzar su climax cuando es Raúl Vega Astudillo, el numero uno de los porros locales, que se ve propulsado a la presidencia de dicho gobierno “autónomo”. Cabe mencionar que son los diputados locales que nombraron a escondidas, a las 5 de la mañana y por unanimidad de votos, al priista Raúl Vega Astudillo como Presidente del Concejo Municipal de Tíxtla, en medio de intensas protestas frente a las instalaciones del Congreso del Estado para impedir esta elección. Siguiendo con sus incoherencias y actos polémicos, los concejales aceptan recursos económicos del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, por 50 mil pesos, para llevar a cabo la celebración del aniversario del General Vicente Guerrero Saldaña. Se trata aquí de otra estrategia del Gobierno para recuperar el movimiento a través de la compra de conciencias y sembrar la discordia.

El Comité Promotor se deslinda entonces de « la posterior farsa de integrar una “Asamblea Popular” y un “Concejo Popular Municipal” sin tener las condiciones objetivas ni subjetivas y nombrando Concejales sin cuidar el nivel de asistencia en las Asambleas para poder validar y legitimar dichos nombramientos. Además, las personas nombradas carecen de una información elemental de lo que significa un Concejo Popular, esto lo podemos constatar al aceptar las migajas que el Gobierno del Estado y el Congreso Local les ofrecieron para la integración de un Presidente del Concejo, el priista Raúl Vega Astudillo, quien por cierto encabezó al grupo de golpeadores que reprimieron a los que participaron en el boicot del proceso electoral. »

Integrantes del Concejo expresan en Asamblea su descontento y eligen a cuatro representantes para incluirlos en el nuevo Cabildo Municipal de diez Concejales. En respuesta, Jorge García, integrante del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), anuncia que no se reconocerá dicha representación porque “responden a los intereses del gobernador Rogelio Ortega Martínez y fueron manipulados por un grupo de egresados de la Normal de Ayotzinapa al servicio del ejecutivo estatal. Los del nuevo Concejo visualizan que pueden ser gobierno en cuatro meses, pero no saben que es una maniobra del gobierno de Ortega Martínez para dividir la lucha de los padres de familia”.

Este supuesto gobierno popular resulta ser al final una parodia de sus ambiciones originarias ademas de estar encabezado por los mismos líderes del desorden local. En la asamblea del MPG, los asistentes advierten que no permitirán que se designen nuevas autoridades sin el consenso de la totalidad de la ciudadanía y recuerdan que algunos integrantes del nuevo Concejo son los que aceptaron dividir al movimiento por recibir el dinero que Rogelio Ortega les dio para realizar la festividad del 9 de agosto. También, vuelven a advertir que el nuevo Concejo “no es una propuesta del MPG sino que quienes se encaramaron en esto fueron los maestros de la cúpula del Concejo Magisterial de Tíxtla que encabeza Miguel Ángel Vargas, un personaje que ya se desligó del MPG. Todo el mundo en Tíxtla sabe que ellos han recibido dinero de Rogelio Ortega, prácticamente están dirigidos por el Gobierno Estatal”. La jornada 07/09/2015

Se reúnen entonces los integrantes del recién nombrado Concejo Municipal Provisional (que ya ni es Popular) con vecinos para poder efectuar la toma de protesta de estos cuatro únicos Concejales elegidos en representación del difunto Concejo Popular Municipal de Tíxtla. Como su nuevo nombre lo anuncia, los integrantes del Concejo Provisional gobernarán hasta que haya nuevas autoridades constitucionales que serán elegidas mediante elecciones extraordinarias, cuya fecha definirá próximamente el Instituto Electoral de Guerrero. Durante el acto, una de las oradoras señala que el movimiento popular en apoyo a Ayotzinapa propuso a Pedro Bartolo Santos, Comandante de la Policía Comunitaria CRAC, como Alcalde interino, pero el PRI y el Gobernador electo rechazaron la propuesta, dejándole el cargo de primer Síndico Procurador. “Fue una imposición, pero logramos cuatro espacios en el Concejo Municipal Provisional, y desde aquí vamos a vigilar que haya un buen gobierno y que haya un apoyo para que sean localizados los 43 normalistas“.

El comité Promotor del Concejo Popular, marginalizado e desprestigiado por sus ex-compañeros, se mantiene en oposición durante todo este proceso: « todas las acciones realizadas por “la Asamblea Popular” o “Concejo Municipal”, pues la concepción nuestra del poder popular radica en que se debe construir con las ideas y acciones que se generen desde las bases de las colonias, barrios y comunidades, cuidando siempre que las condiciones en que se nombren sus representantes o Concejales garanticen su legalidad y legitimidad. Los grupos que hoy están con ellos son los que en el proceso del boicot se escondieron y no participaron argumentando, entre ellos, el actual síndico procurador, que los comunitarios no deben participar en política, pero pudo mas el dinero y hoy conviven con los priistas, perredista y demás partidos ».

En este contexto de total explosión del movimiento local, el INE convoca a elecciones extraordinarias para finales de noviembre y, está vez, el Comité Promotor duda de que el movimiento tenga la fuerza y organización para impedirlas. « Se están quedando solos al ver la población el entreguismo y oportunismo manifiesto. En el próximo proceso electoral, nuestra participación será la de informar acerca de la farsa electoral, seguir generando la conciencia social en la población y la consolidación de la organización comunitaria en todos sus ámbitos ».

Al ver que no se podrán impedir nuevas elecciones, Miguel Ángel Vargas, que ya había levantado muchas sospechas acerca de sus verdaderas pretensiones, se une a otro personaje oscuro, Moises Antonio Gonzalez, igualmente acusado por parte del movimiento de trabajar clandestinamente para el gobierno, dedicándose, según algunas voces, a “apagar los movimientos sociales en el Pueblo, o negociarlos“. Entre los dos, logran cambiar radicalmente la trayectoria de todo este movimiento apartidista, o sea revolucionario, conduciéndolo poco a poco hacia la aceptación de la patraña electoral bajo la directriz del partido Morena. Se trata, de manera insidiosa, de matar definitivamente cualquier posibilidad de autodeterminación del pueblo tixtleco alrededor de un gobierno autónomo al provocar la muy previsible victoria del candidato PRD-PAN-PT Hossein Nabor Guillén, cuñado del mismo Miguel Ángel Vargas, a través unas elecciones fraudulentas.

Es muy probable que todas esas maniobras les suenan de algo, se trata aquí de un gran clásico nacional: la constante ingerencia de miembros de la “izquierda” partidista, hoy Morena, ayer PT y antes PRD, en acciones supuestamente apartidistas (campamento anti-Peña, Magisterio en contra de la reforma educativa…) y procesos autónomos que terminan por posicionar ese partido como favorito, impidiendo una verdadera propuesta ciudadana al margen de su supuesta representatividad. Esta supuesta izquierda, y hablamos aquí de la elite que la manipula y no de sus millones de militantes cegados por la esperanza, no va para ganar sino para canalizar la contestación del pueblo, asegurarse de que no se vuelva apartidista, o sea revolucionaria y que se realicen elecciones fraudulentas en las cuales gana la mafia de siempre. En el terreno, hacen como que hacen, pero al final, son solamente un artificio de distracción para que no se haga nada de concreto en el momento presente y que todo el tiempo, la energía y los recursos del movimiento se enfoquen hacia las siguientes elecciones.

En Tixtla, Miguel y Moises empiezan por imponer una nueva concejala en el ya formado Concejo Popular Municipal. Se trata de Miguelina Ramos Hernández, un personaje local bastante cercano al PRI por pertenecer a la ANTA (Asociación Nacional de Tixtlecos y Amigos), una entidad integrada esencialmente por priistas. Miguelina está también casada con un gran priista de “tradición” mientras ella es conocida por militar en el PRD. Este enésimo incumplimiento del protocolo asamblearista encuentra mucha oposición por parte del Comite Promotor que ya anda harto de que esas elecciones se parecen más a imposiciones, por darse con “representantes sin bases” dentro de asambleas en las cuales llega muy poca gente.

De la misma manera, en reuniones magisteriales, las bases del magisterio piden que se aclare esa manera de seguir tomando decisiones sin informarles. Muchos integrantes del Consejo Magisterial, que representan a varios Centros de Trabajo, comienzan a salirse de la organización, lo que no ayuda al recién conformado Concejo Popular Municipal que cada día carece más de legitimidad. Una vez más, se trata aquí de otro gran truco del arte del saboteo, generar conflictos internos e incoherencias en la estrategia para desmotivar a los mas íntegros, alejar a los más radicales y quedarse con los menos capacitados para discernir convenientemente lo que está pasando.

El argumento para boicotear las elecciones era que el movimiento tixtleco no se sentía representado por ninguno de los partidos políticos, sobre todo porque ninguno se había pronunciado a favor de la presentación con vida de los 43, incluso Morena. Pero, de repente, y obviamente después del boicot de las elecciones, Morena se hace de las demandas del pueblo que ya no tiene pretexto para no sentirse representado, cancelando por la misma ocasión la posibilidad de constitución de un proyecto autónomo. Cuando llega Miguelina, unos cuantos representantes, encabezados por Miguel Ángel Vargas, cambian su discurso a favor de Morena, permitiendo sutilmente a ese partido apropiarse de la propuesta de un gobierno ciudadano aprovechando al recién constituido Concejo Popular que se estaba trabajando desde meses atrás. Unas semanas antes de las elecciones, la nueva integrante del Concejo Popular Municipal es entonces presentada por Morena como candidata a presidencia municipal de Tixtla, con el supuesto apoyo de un movimiento que ya no es nada de lo que era antes del boicot electoral.

En conferencia de prensa, dentro de un auditorio municipal que ya no es “tomado”, el dirigente del partido Morena, César Núñez Ramos, presenta su planilla que está integrada por miembros de la Asamblea Popular de Tixtla. La candidata Miguelina Ramos destaca que la decisión de unirse a un partido político y contender por la presidencia municipal es para ofrecer a la población un gobierno ciudadano, por lo que afirma rechazar de ambiciones personales. Enfatiza que, a pesar de tener el respaldo de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, ellos no harán campaña y no asistieron a dicho evento. Por su parte, Moisés González Cabañas, que ahora es el candidato a síndico para Morena, reconoce que los familiares no están de acuerdo con la vía institucional, “pero tenemos el apoyo moral, los padres han sido respetuosos de la Asamblea”.

A medida que el movimiento se va derritiendo, la barbarie vuelve a reinar en el municipio con el regreso de los grupos delictivos. En dos semanas, al menos 11 personas son asesinadas, algunas degolladas, cuatro de ellas abandonadas en bolsas o cobijas y otras seis reportadas como desaparecidas; por lo que rápidamente, la asamblea del Concejo Popular de Tixtla instaura el toque de queda a partir de las 9 de la tarde. En conferencia de prensa, el presidente del Concejo Municipal Popular, el priísta Raúl Vega Astudillo (personaje estrechamente ligado a la delincuencia organizada local) explica que a raíz de que se recrudeció la violencia, “los pobladores” prefieren no salir después de las 21 horas. “No ha llegado la fuerza pública, pese a que hemos solicitado la intervención de la Policía Federal, el Ejército y la policía estatal“, agrega.

En Tixtla operan tres grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), divididos desde los inicios del movimiento social que emergió un año atras. Días previos a la elección extraordinaria, los elementos de la CRAC son atacados en el Barrio del Fortín por un grupo armado a bordo de dos camionetas. Cerran la entrada y salida del callejón en el cual se encuentran los comunitarios y comenzan a atacarlos a balazos, asesinando a cuatro elementos de la policía comunitaria, mientras que otros tres elementos resultan ilesos y se refugian. Al cumplir con su objetivo, el grupo armado se da a la fuga con rumbo desconocido en al menos 10 camionetas.

La CRAC insiste en que hubo complicidad de las autoridades estatales en el asesinato al ser retirados los retenes de las carreteras que conducen a Chilpancingo de “manera sospechosa”. “Cabe resaltar que un día después de los hechos, como pretexto vuelven de nuevo los retenes, pero solamente para resguardar las elecciones que hoy se llevaron a cabo, por eso también citamos a esta conferencia de prensa” acusan. “Además, no es posible que ninguna autoridad o corporación policiaca se percatara del ingreso de un convoy de gente armada de esa magnitud (seis camionetas) no fuese advertido a plena luz del día, aun cuando portaban armas de grueso calibre como “bazucas y lanza granadas”. “La situación, lejos de mejorar, ha empeorado, al grado de que por la inseguridad desbordada, están solicitando la presencia del gobierno estatal y federal, si fuera un poder popular como dicen, ya estuvieran dándole la importancia y responsabilidad a las policías comunitarias“, añaden.

Finalmente, es la coalición PRD-PAN-PT, con su candidato Hossein Nabor Guillen, que sale victoriosa de esta carrera electoral organizada en un tiempo reducido, dentro de un contexto de crisis social y de miedo generalizado. Una delegación de 25 personas de la UNAM que participaron como observadores durante el proceso electoral denuncian irregularidades graves al detectar acarreo de personas, compra de votos y el uso de recursos públicos. En el recorrido hecho por casillas, detectaron a policías estatales que fotografiaban a los votantes, un contexto que explica seguramente que más de 50% de los votantes se abstuvieron durante esta jornada llevada bajo el signo de la tensión. Con este triunfo del clan “Hossein”, se entierra definitivamente las espectativas de un gobierno autónomo para el municipio de Tixtla aunque la guerra en contra de su policía comunitaria se accelera.

Un grupo delictivo, identificado como La Nueva Familia de Los Jefes, sube un comunicado a las redes sociales donde anuncia un virtual toque de queda en Tixtla después de las 11 de la noche. El mensaje hace referencia a la disputa de esa plaza y advierte a los ciudadanos que acaten su orden, pues de lo contrario no responderán ante consecuencias trágicas. La guardia comunitaria, replegada en su bastión del barrio del Fortín, también lanza un comunicado para denunciar que, desde hace varios meses, la violencia se ha intensificado en Guerrero, principalmente contra normalistas de Ayotzinapa y activistas en Tixtla. “Día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días, y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que resguardan las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”, destaca el documento. Advirte sobre el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio que no hace abiertamente el gobierno”, y responsabiliza de los recientes crímenes (muchos de ellos dirigidos hacia activistas locales y miembros de la CRAC) a la clase política de la entidad, en particular al gobernador y al alcalde Hossein Nabor Guillén.

Por su parte, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén se declaró siempre incompetente para revertir la ola de inseguridad y violencia y se contentó durante todo su mandato de lanzar gritos de auxilio a los gobiernos estatal y federal. Está de acuerdo con la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores de regular a las policías comunitarias, ya que dice que éstas “ya han sido mezcladas en problemas políticos, de presencia de grupos delictivos y desarticulación de las familias”. Llegando al final de un mandato sin grandes sorpresas, Hossein Nabor abandona su puesto para buscar la candidatura del PRD a una diputación local, mientras que la alcaldía la busca la diputada local del PRD, Érika Alcaraz Sosa, la llamada “barbie-diputada”, quien forma parte del grupo político del ex presidente del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Antonio, Celso e Iván, los presuntos jefes del grupo delictivo Los Ardillos.

Al final de este recuento retrospectivo, y frente a nuevas elecciones municipales para el mes de julio 2018, el pueblo tixtleco se encuentra esta vez muy lejos de la idea de un posible boicot o de la victoria de un partido que lo llevaría supuestamente a la instauración de un gobierno autónomo. ¿Qué será ahora de estas esperanzas de soberanía popular y de paz social que llevaron tan lejos este pueblo en el digno camino hacia su autodeterminación? Eso depende del mismo pueblo tixtleco informado y organizado frente a la delincuencia uniformada. Este informe se inscribe entonces en este imperativo de reactivar la memoria, restablecer la verdad histórica y servir de herramienta de reflexión y de aprendizaje para poder anticipar las maniobras de saboteo de nuestras luchas por parte de la reacción mexicana.

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