Gobierno de Guerrero busca desarticular a grupos de autodefensas encarcelando a 42 policías comunitarios de los pueblos de Eduardo Neri

Chilpancingo Gro., 26 de octubre 2017. // Policías del estado someten a policías comunitarios del municipio de Eduardo Neri que se encontraban en la salida de la localidad de Zumpango del Río, cabecera municipal de este municipio. // Foto; Jesús Eduardo Guerrero

ASÍ EL ESTADO MEXICANO BUSCA DESARTICULAR A LOS GRUPOS DE AUTODEFENSAS EN GUERRERO, MIENTRAS LE DEJA LAS PUERTAS ABIERTAS AL CRIMEN ORGANIZADO

Demián Revart

Poco se habla de los movimientos sociales que surgen allá en donde los grandes edificios y centros comerciales no tienen asentamiento, y que por esa separación campo-ciudad que influye directamente en el valor de la información de un hecho social, la difusión de sus causas y motivos de romper la estandarización no son escuchadas por el resto de los mexicanos, ya sea con un nuevo tipo de organización político-comunitaria, o en este caso, con la creación de un grupo de seguridad autónoma por mano propia debido a la colusión entre el crimen organizado y los gobierno en sus distintos niveles.

El pasado jueves 26 de octubre, un operativo de la policía estatal y el ejército mexicano detuvo con lujo de violencia a 49 integrantes federados en la Policía Comunitaria de los Pueblos de Eduardo Neri en el estado de Guerrero, una iniciativa autónoma de seguridad que surgió el 15 de mayo del 2017 ante las extorsiones y secuestros acaecidos por los cárteles como Los Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana, que han hecho de la región un verdadero infierno.

Los hechos se dieron en Zumpango -cabecera municipal de Eduardo Neri- después de que los comunitarios asistieran al lugar por una “llamada de auxilio” del alcalde perredista Pablo Higuera Fuentes referente a un “robo de motocicleta por un joven de secundaria”, que en voz de los familiares de los presos, “resultó ser una trampa ya planeada desde anterioridad para que los emboscaran y les sembraran delitos (…) el gobierno no quiere que el pueblo haga su trabajo, por eso busca reprimir o desaparecer a quienes nos defendemos con las armas”. De inmediato, policías estatales comenzaron una persecusión en la parte media y baja del Cerro del Tepetlayo; allí fue detenido un primer grupo de 27 personas.

Después de media hora, otro grupo de comunitarios a bordo de tres camionetas que se encontraba vigilando el acceso de la carretera federal México-Acapulco hacia la ciudad, logró retener una patrulla con 6 policías y una trabajadora de BANSEFI que fueron entregados a la Comisaría de Mezcala para “exigir la liberación inmediata de los compañeros retenidos hace unos instantes”, pero el grupo fue superado descomunalmente en número y resultó agredido por patrullas y camionetas de la policía, para que posteriormente a otra media hora, un oficial a bordo de un helicóptero diera indicaciones para detener a 22 personas más a costa de empujones, patadas, cachetadas, apuntándoles con armas largas y otras agresiones que están documentadas en video.

Al día siguiente, madres, esposas y familiares de los detenidos protestaron a las afueras de la Procuraduría General de la República en Chilpancingo para exigir la intervención de las instancias de derechos humanos y jurídicas, así como la liberación inmediata de los 49 comunitario porque “el desarme y agresiones a los comunitarios fueron totalmente irregulares”. Por la tarde del sábado, pobladores y campesinos de Mezcala también bloquearon intermitente la carretera México-Chilpancingo durante tres horas, portando pancartas en las que apuntalan al alcalde Pablo Higuera Fuentes como un “traidor a los acuerdos entre el pueblo y las autoridades que se comprometieron a apoyar a los comunitarios y no al gobierno que trabaja desde hace años con los cárteles que nos han azotado”.

No obstante, por la madrugada de este martes, 42 integrantes de la Policía Comunitaria fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco, mientras los otros 7  se encuentran detenidos en un albergue tutelar por su minoría de edad. Se les imputan los “delitos” de: portación de armas y cartuchos de uso exclusivo, delincuencia organizada, privación de la libertad, robo de vehículos y ataques a las paz pública…

Fotografía: El Sur: Periódico de Guerrero

 

Desde su surgimiento, los integrantes del proyecto (o coloquialmente llamados “comunitarios”) instalaron retenes para preservar la tranquilidad de sus comunidades las 24 horas. La ciudadanía guerrerense que ha observado cambios sustanciales como la reducción al mínimo de secuestros, robos de vehículos y asaltos en locales comerciales, contribuye con la policía comunitaria con donaciones voluntarias, alimentos y materiales de construcción para los módulos de seguridad.

Con este operativo, el Estado mexicano busca desarticular mediante el encarcelamiento y la criminalización, a las personas que toman legítimamente las armas para luchar en defensa de sus comunidades, ya que “no les queda de otra“: esto se resume en “defenderse o morir”.


Para más información, recomiendo leer el siguiente ensayo:

“Aquí ya no entra ningún cártel, ni extorsionadores del gobierno”; Policía Comunitaria de Eduardo Neri

 

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