En distintas regiones del país no hay razón en titubear ni siquiera un poco para afirmar que allí no existen las nociones de ley, justicia o derechos humanos. El aislamiento geográfico y cotidiano sitio de guerra civil no sólo coloca a estados como Guerrero en los más altos índices de violencia criminal e inseguridad, sino también de esclavitud laboral por el blindaje que poseen los dueños del capital y las empresas transnacionales al valerse del sicariato, los cárteles y las ‘instituciones de seguridad’ del mismo gobierno para normalizar las condiciones inhumanas de trabajo, ya que prefieren mil veces un ‘dinerito extra’ -o de plano ellos son los que dominan y administran los territorios- a la vida humana de sus paisanos que se atreven a denunciar ese escenario de sufrimiento y discriminación.
Hoy en la agenda de terror es de nuevo el turno del caso de la Minera Media Luna y la serie de conflictos que ha desatado en territorio coculense: 1) daños ambientales en las comunidades adyacentes como Nuevo Balsas, Atzcala, La Fundición y Real del Limón, provocando la reducción en la expectativa de vida principalmente de recién nacidos y adultos mayores; 2) esclavitud laboral y la prohibición de la libertad sindical y organizativa con los trabajadores de estas comunidad, lo que culminó con una histórica huelga obrera iniciada en noviembre de 2017 y reventada medio año después por el asesinato de 3 trabajadores a lo largo de su gestación; y 3) polarización y resquebrajamiento del tejido social al colocar de frente y antagónicamente a las familias que logró comprar con mínimos beneficios monetarios en oposición a las familias de los obreros en huelga.
Con toda la impunidad por adelante y reiniciando sus labores industriales, la Minera Media Luna (propiedad de la multinacional canadiense Torex Gold) adoptó una serie de medidas represivas al término de la huelga, específicamente contra los y las trabajadoras que participaron activamente en el movimiento y que concretaron alianzas con organizaciones de todo el país; desde congelar por meses sus sueldos y prestaciones, despedirlos injustificadamente, hasta emplear al sicariato de la zona* como estructura de agresión psicológica al patrullar día y noche afuera sus domicilios, así como amenazarlos de muerte, lo que está provocando que decenas de ellos optaran por desplazarse forzosamente a otros estados por el temor de que se cumplieran dichas amenazas.
Algunos de los trabajadores narran para Ruptura Colectiva (RC) que han “tenido que volver a empezar sus vidas de ceros, algunos otros corrieron con suerte de ser recibidos por familiares de los lugares a donde se fueron”. Recientemente, una comisión de los desplazados logró reunirse en la Ciudad de México junto con las bases y autoridades del Sindicato Minero (al cual buscaban adherirse por la violencia estructural y laboral que sufrían de la CTM priísta) , en aras de buscar las vías legales para frenar la violencia criminal en sus comunidades y también para recopilar cada uno de los atropellos a su integridad de los cuales han sido víctimas.
Comentan por último que a pesar de estos actos de represión que ya han durado un año, “el movimiento va a reactivarse y recuperaremos nuestros trabajos y tranquilidad”.
Compartimos una serie de videos y artículos críticos que ilustran de manera más rigurosa el proceso organizativo de los mineros de Media Luna:
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