Para hablar de segregación sistemática, no es necesario ejemplificar con extremos distantes como lo sería la dicotomía “una comunidad en la sierra y una ciudad-capital”. El asunto tilda en lo ‘micro’ (sin necesidad de recaer en la teoría posmoderna). En gran parte del mundo, la segregación se da entre lo más cercano, incluso a unos cuantos metros entre territorios y en el mismo seno de los pueblos bajo el estandarte aspiracional de rechazar un modus vivendis humilde para utilizar a sus vecinos como un medio para lograr intereses individuales o solamente para vivir con mayor confort usando sus recursos, tal como ha sucedido históricamente en el conflicto por el agua Zotolttiltán-Apango.

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En febrero del 2016, los pobladores de Zotoltitlán –municipio de Mártir de Cuilapan, ubicado en la centralidad del estado de Guerrero- se percataron que durante años han sido tratados como “peones” -pero a su vez, voluntarios– por las autoridades locales, la gente de la cabecera municipal y otras poblaciones por ser los encargados de la preservación de los sistemas hidráulicos, la distribución del agua de éstos y la reforestación de la zona para evitar que disminuya el flujo de un manantial que dota del líquido a los depósitos ubicados en el pueblo y que tienen como principal destino el núcleo agrario de los campesinos, por lo que este caso es claramente una usurpación del agua y el trabajo explotado del campesinado zotoltitleco en beneficio de otro campesinado con un poquito más de status. Ah, sí; digo que son “voluntarios” porque su labor comunitaria en el cuidado del agua es entendida por ellos como algo vitalmente indispensable, no como un ‘carga laboral’ (aunque teóricamente sí sea trabajo).

Por ello, iniciaron una serie de protestas para reivindicar su faena hídrica y todo el esfuerzo que esta conlleva, agudizándolas al tomar la decisión de cortar el suministro de agua que dota a unas 8,000 personas de Apango -la cabecera municipal- con el fin de exigirle a la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez, afiliada al partido Movimiento Ciudadano (el futuro está en tus manos, na-na-naaa-na-na XD), que se invirtiera en la rehabilitación de la infraestructura de drenaje y los depósitos hidráulicos -que en realidad , los cuales llevan décadas sin algún tratamiento para su mejora integral. Estas exigencias podrían sonar ingenuas por tratarse de un gobierno estatal que ha sumergido a sus propios pueblos a los grados de marginación e inseguridad más altos a nivel nacional, pero el caso tuvo una excepción: una gran parte de la población apoyó a la alcaldesa en su primera elección (2009-2012) y también en su segundo mandato (2015-2018), por lo que no fue hasta al inicio de las protestas –y en el acto de remembrar las múltiples denuncias de desvíos millonarios de su gubernatura[1]– el momento en el que su falsa conciencia sería reemplazada por la autocomprensión de que pueblo y gobierno tienen intereses distintos: el primero, “para todos todo” y el segundo, todo sólo para quienes lo sostienen.

Al ser ignorados desde el inicio del movimiento, mantuvieron el cierre de las válvulas de agua durante semanas. Las afectaciones se resintieron en Apango a manera de carestía desértica: los negocios dejaron de vender materias primas y alimentos porque no había agua para lavarlos; se hacían filas interminables para comprar agua sin tratar de los camiones de pipas; se registró un alza considerable en los casos de cuadros de diarrea y enfermedades en la piel; la escasez provocó que fuera casi imposible el aseo personal y otras necesidades domésticas elementales.

Con estos agravantes en el conflicto, representantes del gobierno estatal e instancias afines como CONAGUA convocaron a los integrantes del movimiento a una “junta conciliatoria” el 28 de febrero del 2016 en la que se “acordó la rehabilitación de los sistemas de agua potable de ambas localidad para lo cual se tiene programada una inversión de 17 millones de pesos” [2]. (Topen la nota de pie… ¡es excesivamente ridículo saber cómo hoy esos fondos no han sido transparentados ni usados para dicho ‘acuerdo’…. y lo peor es que su fraude esté público en internet!

A pesar de existir una minuta y haber sido un compromiso público… no hubo respuesta alguna/ninguna.

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Exactamente dos años después, la gente volvería a tomar las riendas de la dignidad, desempolvaría esa minuta firmada y retomaría el método de acción directa para exigir la construcción de las obras que son de urgencia “porque si no se empieza a cuidar más a fondo el manejo del agua, llegará un momento donde simplemente todas las comunidades de Cuilapan nos quedaremos sin ella”, describe la situación uno de los encargados de la limpieza comunitaria del manantial. Así, el nuevo movimiento ahora le exige al Congreso que intervenga para dar una solución al conflicto que podría llegar a consecuencias catastróficas y de enfrentamientos internos como lo fue en el 2016 (a la edil ya ni le pide algo porque no le tienen ni una pizca de confianza… y de hecho, Felicitas estuvo a punto de renunciar unos meses después de ese percance, cuando una turba de pobladores tomaron el ayuntamiento y quemaron varios vehículos de las autoridades municipales a manera de presión política).

Volviendo… Nadie esperó el cómo sería la respuesta represiva en esta ocasión. El 24 de febrero del 2018, unas 25 personas con armas de grueso calibre irrumpieron en el pueblo y desde entonces se dedicaron a ‘patrullar’ las calles de la comunidad. ”Lejos de que nos dieran una respuesta, nos amenazan, nos mandan grupos armados, que ya están atemorizando a la gente (…) si nos dejamos va a  venir pasando lo que ha pasado en muchos pueblos, muchas partes donde el narco se han apoderado de la misma comunidad”, expresa una de las compañeras del movimiento durante una asamblea pública.

“Desde que se les recordó lo de la minuta, comenzaron a entrar las personas armadas”, dijo casi al instante el comisario Sabino, quien ha impulsado el fortalecimiento del tejido comunitario tanto en la defensa del agua como ahora en el autocuidado del pueblo, que instaló barricadas y retenes permanentes en sus entradas para evitar un posible ataque armado o de algún otro grupo de choque.

Tras denunciar la presencia de estos grupos armados en distintas conferencias de prensa y ante los medios de comunicación, la edil declaró posteriormente que “es incierto que haya la presencia de esa gente” lo que ha acrecentado aún más el descontento popular al grado de declararse “sin gobierno” y haciéndolos tomar las armas para procurar con mayor efectividad la seguridad en los retenes.

Floriberto Vidal, uno de los principales referentes de esta resistencia, comenta que también se pide “arreglar la pavimentación de muchas calles y la carretera Zotoltitlán-Apango que está en estado deplorable y construir aulas para las escuelas de los niños”. “Las acciones hoy tomadas –dice Floriberto- no cesarán hasta que se cumplan las exigencias centrales, en especial la seguridad porque cuando avisamos de estas personas armadas nunca entró el gobierno (…) sólo vienen a hacer preguntas de ‘rutina’ y dicen que no son suficientes para proceder a buscar a la gente armada (…) Zotoltitlán no le dará agua a Apango si no hay solución”. 

La cosa “anda caliente” según la percepción de la mayoría de los pobladores. Recientemente, una familia informó a la comisaría que “varias de las personas armadas se metieron a la casa y allí han estado viviendo desde su llegada”, usando el inmueble como si fuese una ‘casa de seguridad’.

Al momento de escribir este texto, se habla de la remota posibilidad de conformar una Policía Comunitaria integrada por las comunidades de Zotoltitlán, Hueyitlalpan, La Esperanza y Xicomulco, debido que en estas es donde se han resentido descomunalmente los designios de corrupción y el alza de la violencia interna con amenazas directas contra quienes deciden sumarse al movimiento de resistencia.

“Pero está en un ya veremos”…

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Notas críticas y referencias

[1] Desde su primer mandato, la alcaldesa ha realizado desvíos millonarios en obras que o nunca se terminaron o resultaron ineficaces:  “En el último año de su primer mandato -2012-, Felícitas Muñiz construyó dos pozos artesianos con los que dijo se resolvería el problema del agua. Fracasó. La construcción no fue suficiente y la cabecera municipal continuó dependiente de suministro de Zotoltitilán. La insuficiencia no fue lo único. La obra se construyó en un terreno particular sin permiso y, ahora, el ayuntamiento enfrenta una demanda por daños en propiedad ajena. Los dos pozos, forman parte una investigación financiera que hizo la Auditoría General del Estado (AGE) –a solicitud del Movimiento Ciudadano Apanguense– a tres obras por un monto de 23 millones de pesos que ejecutó Muñoz Gómez en su primer periodo.” (De Dios Palma, Arturo, “Agua, moneda de cambio contra Felícitas”, Trinchera, 2016. http://www.trinchera-politicaycultura.com/ediciones/823/info-02.html)

[2] “Acuerdan rehabilitación de los sistemas de agua Apango y Zotoltitlán para solucionar conflicto”, Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 28 de febrero de 2016. (http://guerrero.gob.mx/2016/02/acuerdan-rehabilitacion-de-los-sistemas-de-agua-apango-y-zotoltitlan-para-solucionar-conflicto/)

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