Mesa de Redacción – Periódico Combate

El domingo 19 de junio de 2016 se vivió uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente de nuestro país. Las policías federal y estatal asesinaron a 11 compañeros que decidieron hacerle frente a la represión y cuyos nombres deben ser recordados por siempre, pues dieron su vida no sólo por defender el derecho a la educación pública de millones de niños mexicanos, sino también por construir un país mejor, más justo y más digno para el pueblo.

Los nombres de Óscar Aguilar Ramírez, Andrés Aguilar Sanabria, Yalid Jiménez Santiago, Oscar Nicolás Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Omar González Santiago, Antonio Pérez García, Jesús Cadena Sánchez, César Hernández Santiago, Silverio Sosa Chávez  y Juván Azarel Mendoza, deben permanecer en la memoria de todos y cada uno de nosotros como un ejemplo de dignidad, de lucha y de valor. Ellos, al igual que miles de habitantes de la Mixteca, acudieron al llamado para reforzar el bloqueo sobre la carretera Oaxaca-México que se sostenía desde el 13 de junio a la altura de Nochixtlán, Oaxaca. La organización, la acción decidida de mujeres y hombres dispuestos a no permitir ni un abuso más de los poderosos, logró contener por varios días a las fuerzas represivas del Estado y, con ello, poner un ejemplo heroico de resistencia popular.

Los gobiernos estatal y federal, en cambio, una vez más dieron muestra de su vocación represiva, de su odio contra el pueblo. Ya lo han hecho muchas veces, siempre con el pretexto de “preservar” o de “restablecer” el orden, es decir: el “orden” de la clase dominante, el orden por el cual se enriquece a manos llenas un puñado de empresarios y políticos corruptos, a costa del sometimiento, la explotación y la miseria de millones de mexicanos. En este sentido, pensar que lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca es producto de la “incompetencia” o de la “incapacidad política” del gobierno sería un grave error. Al contrario: la masacre del domingo 19 de junio mostró que los gobiernos, tanto el de Gabino Cué como el de Enrique Peña Nieto, son sumamente capaces, si es necesario, de ahogar en sangre cualquier movimiento popular que ponga en entredicho la viabilidad y la legitimidad del proyecto rapaz que sostiene el grupo de empresarios al que ellos representan.

Basta recordar que en el transcurso de la tarde del domingo 19, mientras la policía disparaba a matar contra el pueblo –el cual sólo tenía palos y piedras para defenderse–, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) emitió un comunicado en el que señalaba que las fuerzas que habían participado en el “operativo” para desbloquear la carretera Oaxaca-México no llevaban toletes ni armas de fuego, y que todo se había hecho con “estricto apego” a los “protocolos” de actuación policial. Sin embargo, en las redes sociales circulaban ampliamente fotografías y videos que demostraban justo lo contrario: helicópteros lanzando gases lacrimógenos desde las alturas, policías disparando armas automáticas contra la población, y no sólo eso, también empezaron a circular numerosos testimonios que daban cuenta de que la policía, tras tomar el control del hospital general de Nochixtlán, impidió que se le brindara atención médica a los heridos, lo cual obligó a que se instalaran puestos médicos de emergencia tanto en la iglesia del pueblo como en Hacienda Blanca, los cuales fueron desalojados a punta de gases lacrimógenos por la policía. Es decir: las fuerzas federales violaron todas reglas, todas las leyes, todas las disposiciones en materia humanitaria en zonas de conflicto.

Los mandos policiacos todavía intentaron defender lo indefendible, y sostuvieron que esas fotografías eran falsas, pero rápidamente se demostró que no, que toda esa evidencia gráfica había sido tomada durante la masacre de Nochixtlán. Aun así, el comisionado de policía federal, Enrique Galindo; el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo; y el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguran que sus policías hicieron “uso racional de la fuerza”, que los agentes armados llegaron casi al final, cuando ya no había “enfrentamiento”, que habían sido “emboscados”, etc. Lo cierto es que el tamaño de su crimen es tal que sus mentiras no alcanzan a cubrirlo. A los once compañeros asesinados por el Estado hay que sumar una larguísima lista de heridos y más de 20 compañeros y compañeras que fueron detenidos por las fuerzas represivas del Estado. Lo que pasó en Nochixtlán fue, insistimos, una verdadera masacre. No satisfechos con esto, los policías estatales de Oaxaca asesinaron a sangre fría unos días después,  en Huajuapan de León, al compañero libertario Salvador Olmos García, quien había participado activamente en las acciones de autodefensa que se dieron en Nochixtlán.

Sin embargo, el siguiente paso del gobierno fue minimizar los hechos, intentar justificar a toda costa la actuación de sus policías, lamentar “profundamente” lo acontecido, ofrecer de manera hipócrita condolencias a los familiares de los caídos, prometer investigaciones encabezadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por la Procuraduría General de la República (PGR), e incluso Miguel Ángel Osorio Chong “accedió” a “dialogar”, según sus propias palabras, para “avanzar en la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas por sus movilizaciones [de la CNTE] en fechas recientes”.

En primer lugar, no hay condolencia que valga cuando proviene de los asesinos. Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño Mayer, Enrique Galindo y Gabino Cué Monteagudo cuentan con un largo historial represivo, es decir: tienen las manos cubiertas de sangre no desde el domingo 19 de junio, sino desde hace muchos años, factor que nadie con un mínimo de conciencia puede ni debe olvidar. En segundo lugar, ya sabemos cómo son sus investigaciones: inventan teorías fantasiosas, siembran “pruebas”, detienen a “testigos clave” cuyas declaraciones son arrancadas a base de tortura, se aferran a sus “hipótesis”, mandan a hacer un peritaje tras otro para tratar de demostrar la existencia de lo inexistente, bloquean el acceso a los expedientes, en resumen: fabrican “verdades históricas”. En este sentido, nada se puede esperar de un criminal que se juzga a sí mismo. Por último, los términos en los que el secretario de gobernación ofreció “diálogo” constituyen, desde su origen, una trampa política que vale la pena analizar con más profundidad, pues en fechas recientes se ha montado una torpe campaña de mentiras en los medios comerciales de comunicación para decir que los bloqueos que sostiene el pueblo oaxaqueño han producido “desabasto de víveres”, lo cual es absolutamente falso; el mismo Osorio Chong ha amenazado con reprimir aún más al movimiento magisterial-popular señalando que “se ha agotado el tiempo”, y que la mal llamada “reforma educativa” no está negociación. Asimismo, el banco Santander, ha bloqueado la cuenta en la que se recibía ayuda monetaria para cubrir los gastos de las víctimas de Nochixtlán.

Todas estas medidas han sido completamente inútiles, ya que el bloqueo carretero en Nochixtlán, y en diversos puntos de Oaxaca, sigue con muchísima fuerza. La masacre del 19 de junio, lejos de inhibir el movimiento magisterial y popular, despertó innumerables muestra de indignación y de solidaridad en México y el mundo. El paso siguiente es convertir ese coraje en organización y acción, y hacerlo rápidamente, ya que el gobierno da todos los días muestras  de su disposición para reprimir a toda costa el movimiento en defensa de la educación pública.

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