Informe del sobre la violencia política registrada durante el mes de enero del 2017 en el departamento del Cauca

Se realiza un recuento de las amenazas, la persecución, las acciones de propaganda armada y los atentados contra la vida de las comunidades indígenas nasa ejercidas por grupos paramilitares en el mes de enero del 2017. Luego se presenta el contexto de violencia contra activistas sociales y defensores de derechos humanos en Colombia registrado durante el año 2016, señalando como el territorio del Cauca ha sido el más golpeado por la violencia contra las organizaciones sociales y comunitarias, se termina con una reflexión sobre el avance y reconfiguración del paramilitarismo en Colombia.

Se hace un llamado urgente a los medios de prensa independientes, a las oficinas de derechos humanos, las organizaciones sociales, políticas y comunitarias para que DENUNCIEN todos los hechos de intimidación y violencia contra las comunidades indígenas nasa, se estrechen los lazos de SOLIDARIDAD con los movimientos sociales del Cauca y se generen alertas tempranas sobre el avance del paramilitarismo en el departamento.

Sólo con la DENUNCIA, la SOLIDARIDAD entre organizaciones, la MOVILIZACIÓN y la activación de planes de CONTROL TERRITORIAL es posible ejercer la defensa de las comunidades frente al presente avance del fenómeno paramilitar en el Cauca.

ACCIONES DE PROPAGANDA ARMADA, ¿EL RETORNO DE LAS AUC?

Para el mes de enero del 2017 se ha presentado un número alarmante de diversas acciones de intimidación por la acción de grupos armados en el Cauca, entre ellas se resaltan las acciones de propaganda armada que no solo buscan intimidar a la población, sino que ofrecen indicios claros sobre la reconfiguración y agudización del paramilitarismo en Colombia. Así para el 23 de enero las comunidades indígenas de Caldono publicaron un comunicado a la opinión publica (1) en el cual hicieron conocer que para el 4 de enero del presente año, en el resguardo indígena de las Mercedes, se presentó un grupo armado que interpeló a los jóvenes indígenas que se encontraban en el polideportivo de Cerro Alto, como también a comuneros de forma individual. Este grupo realizó una campaña de terror y propaganda armada en la cual se identificó como Águilas Negras y, además, afirmó pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). (2) Este hecho se suma a la aparición de graiftis de las AUC en el centro de Cali y Palmira.

Sobre la existencia de este grupo armado que se reclama miembro de las AUC existen las denuncias previas presentadas por el Equipo Nizkor, quienes registraron las amenazas recibidas contra el defensor de derechos humanos OSCAR GERARDO SALAZAR MUÑOZ, coordinador del Proceso Campesino y Popular de la Vega. Cauca. Por vía celular, a las 9:43 de la mañana del 24 de diciembre del 2016, le hicieron llegar a este defensor de derechos humanos dos panfletos con registro fotográfico de hombres camuflados con pasamontañas y brazaletes de esta organización, en donde se lee “AUC volvimos con más fuerza”. (3) Luego, el mismo Equipo Nizkor denunció que para el 6 de enero del 2017 se presentó una amenaza vía correo electrónico contra 14 campesinos y 3 indígenas en el departamento del Tolima. Esta amenaza colectiva viene firmada por un las AUC que dice articular a las Autodefensas Gaitanistas (AGT), las Águilas Negras, Los Rastrojos y bandas emergentes. (4)

Pese a la abundante evidencia, hasta el momento el Gobierno Nacional se niega a reconocer la existencia del fenómeno paramilitar en Colombia, como su posible proceso de articulación en una estructura nacional. (5) Por el contrario utiliza el eufemismo de Bandas Criminales (Bacrim) y delincuencia común para ocultar el carácter sistemático de las acciones de terror, la existencia de un plan de exterminio y el avance de estas estructuras contra las organizaciones populares y activistas sociales.
Por no adelantar las acciones conducentes a la persecución y desmantelamiento de los grupos paramilitares, por no investigar y detener el posible proceso de su reconfiguración en una estructura paramilitar nacional, por no movilizar todos los recursos disponibles para la protección de las comunidades el Estado colombiano es responsable directo de todos los hechos de violencia que se presenten contra las comunidades por parte de estas organizaciones armadas.

AMENAZAS

En el comunicado publicado el 23 de enero por las comunidades indígenas de Caldono se denuncia las amenazas realizadas por medio telefónico, para el día 19 de enero, contra DIANA MARCELA FRANCO, SANDRA ARBELAES, ALEX CALAMBAS, SANDRA ARBELAES, YENIFER CHILITO y ROSA YANETH ARBELAEZ todas ellas vinculadas al servicio de salud de la IPS de Caldono. La intimidación contra el servicio de salud de las comunidades indígenas es un atentado con la vida y el derecho a la salud de toda la comunidad indígena y constituye una violación fragrante al Derecho Internacional Humanitario. (6)

Por su parte el Tejido en Defensa de la Vida de ACIN denuncia tres amenazas por panfletos contra las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos del movimiento indígena, en uno de ellos se amenaza de manera específica miembros de ACIN, en otro se amenaza a dos miembros de las comunidades indígenas, (7) el ultimo panfleto constituye una amenaza general contra la comunidad indígena, los procesos de mingas comunitarias y liberación de tierras, como contra las organizaciones de derechos humanos y colectivos solidarios con las comunidades indígenas nasa. (Ver archivo anexo a esta publicación).

ATENTADOS

Para el 21 de enero, en el resguardo indígena de San Lorenzo en Caldono, se presentó a las 7:30am el atentado contra la vida de VICENTE CHOCUE MEDINA en la vereda Las Delicias. Se presume que el atentado obedeció a la actividad que VICENTE CHOCUÉ desarrolla en el resguardo de Pueblo Nuevo, donde apoya la organización de jóvenes, como por su acompañamiento regional a la Guardia Indígena. (8) Este atentado tuvo por fin la materialización de las amenazas que ya se venían presentado en su contra. Por este tipo de acciones el Tejido en Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), denunció que en el departamento se está actuando con un modo de operación que evidencia sistematicidad y reproducción de la dinámica amenaza-asesinato, por lo se hace evidente la ejecución de un plan de exterminio de las organizaciones y activistas indígenas que se extiende en el tiempo. (9)

Para el 24 de enero, en el resguardo indígena de Huellas Caloto, Norte del Cauca, a las 10:30 pm en la vereda Morales, se presentó un atentado contra la vida de la comunera NILSA UL ZAPE, que dejo impactos de bala en el vehículo en el que se movilizaba, como herido en el hombro derecho a su conductor. Al día siguiente, ocurrió un nuevo atentado contra la vida de ALDEMAR DIAZ ZUÑIGA, en el sector de Lomitas, perteneciente a Santander de Quilichao Norte del Cauca, en esta ocasión el vehículo en el que se movilizaba resulto impactado por arma de fuego, afortunadamente en los hechos no se presentaron heridos. (10)

PERSECUCIÓN E INTIMIDACIÓN

Para el 28 de enero la comunidad indígena de López Adentro redactó un comunicado en el cual denunció que sujetos extraños a la comunidad han venido rondando el lugar de residencia del actual gobernador del cabildo CARLOS ALBERTO SANCHEZ. Los hechos se presentaron para el día 27 de enero a las 7:40pm en donde dos sujetos estuvieron rondando la vivienda del gobernador, la inmediata reacción de la Guardia Indígena, que se dio a la tarea de trasladarse al lugar de los hechos, generó que estos individuos se dieran en retirada con destino desconocido. Luego, para el día siguiente, a las 7:50pm de nuevo sujetos desconocidos estuvieron rondando la vivienda.(11)

Estas incursiones han sido interpretadas por la comunidad de López Adentro como una amenaza evidente contra la vida de las autoridades del cabildo por lo que no solo realizaron la denuncia sino que han pedido que se realicen las investigaciones judiciales respectivas y que se tomen las medidas cautelares necesarias para defender la vida de los miembros del gobierno indígena. De igual forma solicitaron el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, como la solidaridad de los sectores sociales y populares en defensa de la vida y el territorio. (12)

En hechos sucedidos para la última semana de enero, y que aún no han sido denunciados y documentados, se han venido presentado sujetos extraños que rondan las viviendas de los comuneros de la vereda Vista Hermosa, perteneciente al resguardo de López Adentro. Esta comunidad ha venido adelantando desde el 12 de octubre del 2016 el proceso de Liberación de la Tierra sobre predios cuya propiedad reclama el Ingenio Castilla, por lo que la ronda en horas de la noche de hombres extraños a la comunidad debe ser interpretada como una amenaza contra la vida de los y las comuneras, pero también como una amenaza contra las mingas que se desarrollan en el contexto del mandato comunitario de recuperación y Liberación de Tierras en el Norte del Cauca.

AMENAZA CONTRA LAS MINGAS Y LOS PROCESOS DE LIBERACIÓN DE TIERRAS

Para finales del pasado mes de enero se presentó un panfleto firmado por las Àgulas Negras que amenaza de muerte y de manera directa la realización de las mingas comunitarias propias de los procesos de liberación de tierra en el Norte del Cauca. Estos procesos de liberación se han venido realizando desde el 2005 por diferentes razones: 1- Por la falta de tierras cultivables que ha llevado a las comunidades a una crisis alimentaria, con menos de 0,37 hectáreas por persona en tierras poco fértiles, 2- Por el despojo histórico de tierras ancestrales que obligaron a las comunidades indígenas a vivir hacinadas en las montañas, 3- Por la expansión del monopolio agroindustrial de caña de azúcar desde los años 60s, 4- Por el mandato espiritual y ambiental que busca la protección de las fuentes de agua y los páramos que constituyen un subsistema del macizo colombiano, lugar de nacimiento del río Magdalena y el río Cauca, 5- Por el reiterado incumplimiento de los acuerdos generados por el Estado a partir del reconocimiento de su responsabilidad en la masacre del Nilo, en la cual fueron asesinados 20 indígenas nasa el 16 de diciembre de 1991, con comprobada acción de la agentes de policía de Santander de Quilichao en alianza con grupos de narcotraficantes. (13) Por estos hechos el Estado se comprometió a la entrega de 15.600 hectáreas en la zona norte del departamento, acuerdo no ha cumplido en su totalidad, lo que ha obligado a las comunidades indígenas a adelantar los procesos de Liberación de tierras.

Además de las amenazas de muerte contra la realización de las mingas comunitarias, en este momento se presenta la amenaza de desalojo latente por el ESMAD contra el proceso de liberación de la Emperatriz y el proceso de liberación de Corinto. En estas acciones de desalojo ha sido documentada la reiterada utilización de armas de fuego contra las comunidades, por lo que se han presentado numerosos heridos entre comuneros y comuneras.
Se alerta a las organizaciones sociales y populares para que realicen las acciones de denuncia y movilización como respuesta a toda forma de vulneración contra la vida de los comuneros y comuneras en las mingas de liberación de la tierra, en particular sobre el proceso de liberación de Corinto, ya que se prevé que sea posible que el intento de desalojo se realice entre este lunes 6 y martes 7 de febrero.

El incremento de las amenazas, la persecución y los atentados contra la vida de comuneros y comuneras indígenas en el Cauca registrados durante el mes de enero del presente año evidencian un plan sistemático de exterminio contra las organizaciones sociales que defienden las reivindicaciones legitimas a la tierra, la autonomía y la dignidad del movimiento indígena del Cauca, y debe ser leído tanto en el contexto del crecimiento y agudización del fenómeno paramilitar en el Cauca, teniendo como antecedente el asesinato de 43 activistas sociales durante el 2016 en el departamento, (13)como como en el contexto de la intensificación de la violencia contra las organizaciones sociales a escala nacional, ya que, acudiendo a diferentes fuentes como la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), Indepaz y Somos Defensores, tan solo para el mes de enero del 2017 se presentaron 14 asesinatos de activistas pertenecientes a organizaciones sociales en los departamentos de Córdoba, Valle, Antioquia, Choco, Cesar y Cauca.(14)

DE LA AVANZADA DEL PARAMILITARISMO EN EL CAUCA

De acuerdo al informe de Indepaz durante el transcurso del 2016 se presentó la lamentable cifra de 117 asesinatos, 350 amenazas, 46 atentados y 5 desapariciones forzadas contra activistas sociales y organizaciones comunitarias y populares en todo el territorio nacional.(15) Sin embargo la fiscalía solo reconoce 63 asesinatos de activistas sociales a nivel nacional(16). De estos casos reconocidos no se ha presentado una sola condena, la fiscalía ha fallado en su obligación de investigar, identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos. La impunidad sobre estos hechos, como la incapacidad del Estado para ejercer justicia abre el camino para la repetición de los atentados contra la vida de los miembros de las organizaciones sociales y populares.

De los 117 asesinatos registrados el 66,6%, se concentraron en el sur-occidente colombiano, de ellos el departamento del Cauca ha sido el más golpeado por la acción de los grupos paramilitares con 43 homicidios, mientras que se presentaron 9 en Nariño y 5 en el Valle.(15) Diversos son los factores que explican la focalización de la violencia en determinados territorios como el Cauca o el Catatumbo en Norte de Santander. La violencia contra las organizaciones sociales se tiende a concentrar en las zonas donde se presentan los mayores procesos de resistencia contra la implementación de megaproyectos mineros y agroindustriales, por otro lado se ha presentado un incremento de las acciones de represión en aquellas regiones en donde existía mayor presencia de las FARC-EP, de manera tal que, de manera trágica y paradójica, la violencia se incrementa con la implementación de los acuerdos de paz, ya que sobreviene una reconfiguración de los poderes locales que buscan ejercer una hegemonía armada sobre los territorios y sus recursos.(16)
Si el objetivo del Gobierno de Juan Manuel Santos con el actual proceso de paz es garantizar las condiciones de orden público y la estabilidad jurídica que incentive la inversión extranjera de grandes sumas de capital, de modo tal que se puedan adelantar megaproyectos transnacionales de explotación de materias primas mineras y agroindustriales, entonces el dominio armado de los grupos paramilitares busca evitar el posible fortalecimiento de los movimientos sociales que hoy resisten a los intereses del capital y al saqueo de la naturaleza en los territorios, en el escenario del posconflicto. El Cauca, por ser una región que durante décadas padeció el conflicto armado, por desarrollarse allí fuertes procesos de organización indígena y campesina, como por ser una zona atractiva para la explotación minera y agroindustrial, con inmensos recursos en oro, madera y ‘producción de agrocombustibles, es una región en la cual los grupos paramilitares buscan ejercer el dominio armado con el objetivo de neutralizar el fortalecimiento de los movimientos sociales indígenas y campesinos que resisten al saqueo de la naturaleza.

Pese a las evidencias sobre la repetición de las modalidades de acción y la continuidad en el tiempo de lo que se descubre como un plan de exterminio contra las organizaciones sociales del Cauca, en la pasada reunión del 13 de enero del Puesto de Mando Unificado, realizada en la ciudad de Popayán, donde oficiales de la fuerza pública y funcionarios del Gobierno Nacional analizaron por lo menos 13 asesinatos presentados durante el año anterior en zonas rurales de El Tambo, Almaguer, Guachené, Argelia, Caloto, Corinto, Rosas y Sotarra, el director de Seguridad de la Presidencia de la Republica, Juan Carlos Restrepo concluyó que “El paramilitarismo, como lo conocimos en épocas anteriores, es un asunto del pasado. Hoy en día estamos viendo las acciones de grupos criminales que atentan contra los líderes de las regiones” (17).

El interés del Gobierno Nacional en no reconocer el carácter sistemático y organizado de las acciones de terror ejercidas contra los movimientos indígenas y campesinos del Cauca, se encuentra en que tal reconocimiento lo obligaría a reconocer también la existencia de grupos paramilitares que están adelantando un plan de exterminio contra las organizaciones sociales del departamento, por lo que, en “derecho”, se vería en la obligación de adelantar acciones judiciales y militares para el exterminio de tales organizaciones. Pero el Gobierno de la “Paz” de ningún modo está interesado en desmantelar las organizaciones criminales paramilitares ya que la violencia contra los movimientos sociales, como el mismo proceso de paz, son las dos caras de una estrategia de control total de los territorios para la expansión del capital transnacional.

El proyecto es eliminar todas las resistencias para dar vía libre a la explotación minera y agroindustrial. Mientras tanto se pondrá en primer plano de los medios de comunicación hegemónicos el mundo feliz de los avances del proceso de “paz”. La violencia contra las comunidades permanecerá oculta, como telón de fondo que desangra en la oscuridad y a cuenta gotas a las comunidades. Al final del proceso, cuando se terminen de aplicar todos los acuerdos, el Gobierno de la “paz” espera que el fenómeno paramilitar haya crecido al punto que la pacificación violenta de las comunidades y el país entero nos deje a todos en absoluto silencio.

Solo la organización, las acciones decididas y sinceras de solidaridad, movilización y lucha de todas las clases y sectores sociales oprimidos, pueden dar al traste con el mundo feliz de la explotación minera y agroindustrial de la tierra y el trabajo. Otra historia se está construyendo, tiene fuerza propia y emerge desde abajo, opone la alegría y la solidaridad contra el terror y la muerte. Su grito de rebeldía, dignidad y esperanza rompe el silencio de los muertos para afirmar que “otro mundo es posible”.

 

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Notas

1- Territorio Sath Tama Kiwe Caldono. Comunicado a la Opinión Pública. 23 de enero del 2017

2- Ibíd

3- El grupo paramilitar AUC en contra de dirigentes campesinos y defensores del Cauca. 24 de diciembre del 2016.

4- Las AUC amenazan de muerte a integrantes de Marcha Patriotica.

5- Gobierno niega que líderes del Cauca fueran asesinados por grupos organizados. 13 de enero del 2017.

6- Territorio Sath Tama Kiwe Caldono. Comunicado a la Opinión Pública. 23 de enero del 2017

7- Boletín de derechos humanos ACIN Cauca. Enero 2017.

8- Territorio Sath Tama Kiwe Caldono. Comunicado a la Opinión Pública. 23 de enero del 2017

9- Boletín de derechos humanos ACIN Cauca. Enero 2017.

10- Ibíd

11- Resguardo indígena de López Adentro. Comunicado a la opinión pública. 31 de enero del 2017.

12- Ibid

13- Indepaz. Informe anual sobre líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el 2016. 28de enero del 2017.

14- OIDHACO. OIDHACO. Expresa su profunda preocupación frente a los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, así como el incremento del paramilitarismo.

15- Indepaz. Informe anual sobre líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el 2016. 28 de enero del 2017.

16- Verdad La continua tragedia de los defensores de derechos humanos.

17- Indepaz. Informe anual sobre líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el 2016. 28 de enero del 2017.

18- Verdad La continua tragedia de los defensores de derechos humanos.

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