“Sangre, lágrimas e indignación”: Conjeturas en defensa de las luchas rurales ante la violencia capitalista-desarrollista en Acapulco, Guerrero

Demián Revart

Poco se habló en los medios de comunicación y en la “opinión pública” sobre lo acontecido el pasado 7 de enero en el Acapulco “que nadie ve” (o mejor dicho “que nadie quiere ver”). La sangre, las lágrimas y la indignación se chorrearon entre las raíces de la tierra que han defendido cientos de campesinos y que en esta ocasión, le costaron la vida a 11 personas y el encarcelamiento (que prefiero llamar “secuestro en prisión”) de 25 defensores del territorio tras un ataque paramilitar que concluyó  a manera de remate homicida con un mega-operativo policial por cielo y tierra en la región de Cacahuatepec.

Debido a que los medios hegemónicos –y una que otra chusma virtual ingenua- calificaron a los sucesos como un enfrentamiento armado entre la policía comunitaria que salvaguarda la zona ante otros civiles armados y la policía del gobierno, sumándole a este absurdo la reducida información disponible sobre la problemática sistemática que allí se vive, me doy a la tarea de escribir los cinco principales argumentos que –como si volviésemos a las protestas del 2014 por Ayotzinapa- dilucidan de nueva cuenta que … ¡FUE EL ESTADO-CAPITAL!

1) Construir el megaproyecto hidroeléctrico de la Presa “La Parota” al precio que sea –incluso, si vidas humanas de por medio-

Desde 1976, el gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planeó la construcción de una mega-presa hidroeléctrica en Acapulco de nombre “La Parota”, con la intención de “mejorar la energía eléctrica para los complejos turísticos y la ciudadanía de Acapulco”… ¡claro!, sin tomar en cuenta todo el conflicto ambiental y territorial que podría provocar. Fue en el sexenio de Vicente Fox –específicamente en el 2003- cuando iniciaría el conflicto entre el Estado y los ejidatarios, comunidades y comerciantes que resultarían afectados por el desplazamiento masivo y la usurpación de las tierras y el agua, principalmente en la región de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde se construiría la enorme cortina de la presa con un aproximado de 162 metros de altura.

En sí, para el megaproyecto se tendría que sustraer el agua de los ríos Papagayo y Omitlán, además de inundar alrededor de 21 comunidades rurales, afectando así a 5 municipios guerrerenses y más de 20 mil personas tendrían que desplazarse de manera forzada, así como otras 70 mil sufrirían de otras afectaciones [1]. Por ello, en 2003 se consolida el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), organización conformada por distintos pueblos que logró expulsar -con humildes palos y vallas humanas en las que al frente iban las mujeres- a la maquinaria resguardada por el ejército en sus primeros intentos de imponer el proyecto mediante la fuerza.

Aunque hoy la presa se encuentra “jurídicamente suspendida”, el actual clima de confrontación contra el CECOP demuestra que el proyecto busca implantarse a cualquier precio –incluso, si hay vidas humanas de por medio-. También, varios empresarios locales que extraen material pétreo y grava –conocidos coloquialmente como los “gravilleros”- se han multiplicado parasitariamente en las comunidades, por lo que el CECOP se encuentra en resistencia permanente.

“La Parota” representa un enorme botín de ganancias para el empresariado guerrerense y nacional a costa del desfalco -ilegal- del agua, la tierra, el aire (¡de la vida!) de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, teniendo como principal privilegio su ubicación: el imperio turístico de Acapulco.

Con el avance depredador de las multinacionales mineras -Guerrero, Puebla, Zacatecas, Chiapas-, eólicas -Oaxaca-, hidroeléctricas -Morelos, Veracruz- y de cultivos transgénicos -Campeche, Yucatán, Quintana Roo-, así como con la aprobación de la llamada Ley de Biodiversidad, la travesía queda más llana y como ‘pan comido’ para saquear los recursos naturales.

En pocas palabras, perder La Parota sería perder gradualmente otros megaproyectos a nivel nacional.

2) Desarticular a la CRAC-PC y a cualquier proyecto de seguridad autónoma porque al gobierno no le gusta que le hagan la “chamba”

Al gobierno le aturde la idea de que surjan grupos armados que le “hagan la chamba” en materia de seguridad (aunque si reflexionamos en torno a esto, la seguridad nunca podrá venir del gobierno, ya que éste tiene intereses antagónicos a los de la sociedad), por ello, los ha ridiculizado, criminalizado y desconocido bajo la concepción de que el “estado de derecho” le pertenece sólo a el. En los estados del sur del país como lo son Morelos, Michoacán y Guerrero, hemos observado constantes hostigamientos y encarcelamientos contra los integrantes de las policías, guardias y autodefensas comunitarias.

En el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) su existencia es totalmente legal, respaldada por el Artículo 4º constitucional, el Convenio 169 de la OIT y con mayor énfasis, en la Ley 701 del Estado de Guerrero que reconoce los derechos y cultura de los pueblos originarios, legitimando así su autodeterminación y autocuidado según las formas que piensen convenientes, que en este caso sería delegar las tareas de seguridad al propio pueblo y no a las instituciones policiales del gobierno.

Pero siempre, alguien buscará desacatar las leyes para beneficio propio… ¡sí, en este caso hablo paradójicamente del mismo gobierno quien se supone crea y ‘preserva’ la aplicación de la ley! El hecho de que el pueblo se proteja a sí mismo mediante la vía armada, dificulta considerablemente el control territorial para implementar proyectos “desarrollistas”, la dominación partidista de las localidades o en condiciones más extremas, el sometimiento por el imperio del crimen organizado. De hecho, cuando en México se da un levantamiento armado, es en razón de estas 3 causas simultáneas.

Tenemos los casos en los que el gobierno ha encarcelado ilegalmente a coordinadores de la CRAC-PC en el intento de que su estructura organizativa se desmorone tirando el ‘peldaño más visible’, pero no ha funcionado del todo. Por ejemplo, las detenciones ilegales de Arturo Campos Herrera (Ayutla de los Libres), Gonzalo Molina (Tixtla) o el sonado caso de Nestora Salgado (Olinalá) por quien se realizaron protestas a nivel internacional.

Es por todo esto, que lo sucedido en la madrugada del 7 de enero fue un plan con maña en el que un joven arrojó piedras directamente contra la Casa de Justicia (resguardo y oficinas de la CRA-PC) y se orinó en el inmueble a manera de agresión, por lo que fue ingresado a la comandancia por cometer esa falta administrativa. Unos momentos después, el joven logró escaparse por la puerta trasera corriendo hacia la cancha en donde se efectuaba la celebración; un grupo de comunitarios salió de inmediato para retenerlo, pero fueron recibidos cobardemente por un comando de personas armadas y encapuchadas que de inmediato, abrieron fuego indiscriminadamente en su contra.

Al día siguiente, los núcleos de la población que apoyan la construcción de la presa hidroeléctrica quemaron todas las pertenencias, archivos y objetos de la Casa de Justicia para que la Policía Estatal procediera a ser la “encargada” de la seguridad.

¡Error garrafal! Ahora, sin la presencia policía comunitaria, los niveles de confrontación entre los habitantes, la extracción de recursos por los empresarios gravilleros y la incertidumbre de saber quien sale y quien entra al pueblo, se incrementarán descomunalmente.

3) Encarcelar a todo opositor y activista para dejar el mensaje de que “esto le va a pasar a quien se atreva a confrontarnos en todo Guerrero”

En el caso del CECOP, sus voceros han sido partícipes en múltiples actividades y encuentros en defensa del territorio, por lo que su labor ha trascendido la escala local. Esto, encoleriza a sus detractores y por ello, el binomio gobierno-empresariado se han agarrado de los aparatos estatales como las demandas, las amenazas “legales” y la prisión para detener su militancia, que aplicada estratégicamente, puede frenar también otros megaproyectos.

La historia más visible es la del compañero Marco Antonio Suástegui, profesionista que laboraba en las playas de Acapulco pero que al escuchar los testimonios llenos de angustia de los campesinos de su natal Cacahuatepec, decidió volver a la tierra que lo vio nacer y contribuir en el proceso organizativo contra La Parota. En 2004, fue acusado de secuestro y privación de la libertad, por lo que después de varias amenazas en julio de ese año, se convirtió –por primera vez- en preso político. Para dejarlo en libertad, las autoridades le exigieron que quitara los plantones y dejara entrar la maquinaria de la presa, a lo que contestó: “yo no soy quien decide si se quitan o no los plantones. Es la asamblea la que tiene la última palabra. Conmigo no hables, habla con los comuneros”. Después de varias protestas se logró su libertad con una fianza de $7, 282 pesos.

Diez años después, cuando los campesinos de Cacahuatepec deciden integrarse a la CRAC-PC, Marco Antonio comenzaría a ser blanco de difamaciones por parte de los empresarios locales y sus familiares en las redes sociales, específicamente en el canal de Youtube “Desplazados Acapulco” en el que de la manera más estúpida y derechizante, se le “acusa” de propiciar el desplazamiento de habitantes, cuando la defensa territorial que ha llevado junto con el CECOP en pos de su pueblo tiene como principal objetivo LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA HUMANA Y LA NATURALEZA EN CACAHUATEPEC[2].

Esa “mala fama”, propició que fuese más sencilla su segunda detención que lo convertiría de nuevo en preso político del 17 de junio del 2014 al 31 de marzo del 2015.

Tras el operativo del 7 de enero, Marco Antonio junto con 24 personas más se encuentran tras las rejas.

4) Fomentar la división de las comunidades para robarles sus recursos naturales hasta obligarlas “voluntariamente” al desplazamiento masivo

¿Cuál es la razón de este clima permanente de violencia y divisionismo interno? Senci­llo: las lógicas del CAPITALISMO EXTRACTIVISTA, que a su vez genera la divi­sión en las comunidades­ y autoridades ‘tradicionales’, la forma­ción de grupos arma­dos -uno, legítimo para la defensa de los recursos naturales y los pobladores, y otros, para la intimidación violenta en perjuicio de los defensores territoriales- y también, la descomposición interna de los pueblos mediante el incremento de la venta de drogas, extorsiones y la degradación­ en perjuicio de los jóvenes al introducirlos al ‘mundo del dinero fácil’ (como principal ejemplo, tenemos al joven que inició la trifulca durante la madrugada).

En resumen, los megaproyectos y las jugadas del gobierno aterrizan en una guerra ideológica basada en el confrontar a un sector que piensa en “salir de pobre” aunque esto provoque la desertificación de la ruralidad en la que ha vivido siempre, y otro que no tiene prisa por cambiar su modesta forma de vida trabajando la tierra y que posee autoconciencia de los daños a gran escala que padecerán tanto la naturaleza como los seres humanos ‘vecinos’ de estos proyectos.

5) Legitimar a los grupos armados del gobierno, la policía y el ejército

En continuidad con esa guerra ideológica de divisionismo interno, los constantes achaques contra las policías comunitarias –en los que no podemos comparar a una escopeta tlaxicuera contra un AR-15- “realizan” a los pobladores en la noción de que las humildes armas del pueblo no pueden brindarles la protección necesaria. Así, se pierde en unos cuantos días el esfuerzo de años que costó articular una defensa eficaz que emergiera desde el seno de los pueblos, retrocediendo a la falsa conciencia de legitimar a las instituciones policiales y militares,

En un contexto donde el temor se infunde como los rayos de sol a diario en los surcos de la tierra, las armas de mayor calibre y morticidad tienen la victoria asegurada.


Notas y referencias

[1] “Tirar a matar; ejecuciones extrajudiciales en La Concepción, Guerrero”, Abel Herrera, Desinformémonos, 6 de febrero de 2018. (https://desinformemonos.org/tirar-matar-ejecuciones-extrajudiciales-la-concepcion-guerrero)

[2] “La Masacre de Cacahuatepec, Guerrero: Primeras notas en torno a una emergencia que ‘nadie quiere ver’”, Demián Revart, Ruptura Colectiva (RC), 10 de enero de 2018 (http://rupturacolectiva.com/la-masacre-de-cacahuatepec-guerrero-primeras-notas-en-torno-a-una-emergencia-que-nadie-quiere-ver/)

La Masacre de Cacahuatepec, Guerrero: Primeras notas en torno a una emergencia que “nadie quiere ver”

The Cacahuatepec Massacre, Guerrero: First notes concerning an emergency that “nobody wants to see”

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