11 MUERTOS TRAS ATAQUE PARAMILITAR Y OPERATIVO POLICIAL CONTRA CIVILES Y POLICÍAS COMUNITARIOS EN GUERRERO: ¡NO QUEREMOS VER MÁS SANGRE CORRER!

Tan sólo ha transcurrido una semana de este 2018 y una nueva tragedia ha sido anotada en la lista de las masacres de esta república de la muerte (dando continuidad a la sangre derramada en los acontecimientos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Arantepakua, Nochixtlán, Ixmiquilpan y un sinfín más).

Por la madrugada de este domingo 7 de enero, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec -en la zona rural de Acapulco, Guerrero- celebraban un baile en el contexto de la fiesta del Santo Patrono de La Concepción en la cancha de dicha comunidad. Al filo de las 3 hrs. de la madrugada, un joven irrumpió en la comandancia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) para orinarse en el inmueble a manera de agresión y provocar a los comunitarios, por lo que fue ingresado a la comandancia por cometer esa falta administrativa. Unos momentos después, el joven logró escaparse por la puerta trasera corriendo hacia la cancha en donde se efectuaba la celebración. Un grupo de comunitarios salió de inmediato para retenerlo, pero fueron recibidos cobardemente por un comando de personas armadas y encapuchadas que de inmediato, abrieron fuego indiscriminadamente en su contra, provocando la muerte inmediata de Ulises García Morales -originario de la comunidad de Agua Caliente- y Eusebio Elasio Martínez -de la comunidad de Huamuchitos-. Esto, claramente fue un acto pleneado con toda la intención de desatar la violencia a través de las armas.

Los comunitarios que lograron repeler la agresión, recurrieron a sus escopetas para evitar ser asesinados, por lo que se gestó un enfrentamiento de algunos minutos que terminó cobrando la vida de 8 personas. Por lo que los pobladores narran en sus testimonios, “estas personas armadas están ligadas al comisario Florentino Melchor León y los empresarios gravilleros”, sumándole el hecho de que “estaban ahí como si fueran la protección personal o guardia privada del susodicho”.

A las 10 hrs. de la mañana, un operativo de la Policía Estatal inició un ‘estado de sitio’ en las calles del pueblo para detener a TODOS los integrantes del proyecto de la CRAC-PC. Una hora después, se dio lugar a otra balacera por parte de dicho operativo frente a la Parroquía de La Concepción y la comandancia, dejando como saldo 3 policías comunitarios más asesinados y la detención de otros 30. Al momento, han sido trasladados a la Procuraduría de Justicia de Acapulco en donde -gracias a fotografías inmediatas de personas y activistas solidarias- se puede comprobar que les han sembrado armas y estupefacientes, maniobra gubernamental ya conocida en casos como las detenciones de los líderes de las autodefensas en Michoacán y de los mismos integrantes de la CRAC-PC pero de las zonas de Tixtla y Ayutla de los Libres en la Costa Chica.

Otro punto a detallar es el de las agresiones que sufrieron algunos periodistas de Cuartoscuro, Agencia AP y otros medios de comunicación durante la segunda balacera. Los policías los empujaron, golpearon y a uno de ellos le arrebataron sus cámaras y ultrajaron sus memorias SD de archivo. ()

Durante un “Encuentro con Medios” al medio día de hoy y presidido por el vocero en materia de seguridad del gobierno, Roberto Álvarez Heredia, se han tergiversado los hechos enfocando los reflectores en las ya conocidas estrategias de culpa y revictimización para justificar la masacre acontecida.

¿De qué va el papel de la mass-media?

En los medios de comunicación hegemónicos se ha dado mucho peso al papel que tiene el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) y comandante de la fracción de la CRAC-PC en la zona, bajo la idea de que “él es responsable de todo” lo que estos movimientos realicen y decidan, cuando por el contrario, los principios éticos de ambas resistencias son la horizontalidad, el comunitarismo y la democracia directa -tal y como se llevan a acabo sus asambleas locales para la toma de decisiones-.

El gobierno guerrerense ha utilizado todos los recursos mediáticos habidos y por haber para criminalizar la lucha social de TODAS LAS PERSONAS que conforman al CECOP, especialmente desde el año de 2013 cuando las comunidades tomaron la decisión unánime de anexionarse a la Policía Comunitaria por el aumento de las amenazas de los interesados en instalar la presa hidroeléctrica -al momento, suspendida jurídicamente a favor de los poblado (res- mediante el patrocinio de grupos de choque.

A Marco Antonio no sólo le llovieron imputaciones fabricadas para convertirlo en preso político del 17 de junio del 2014 y el 31 de marzo del 2015; diversos empresarios locales y sus familiares comenzaron a difamarlo en redes sociales, específicamente en el canal de Youtube “Desplazados Acapulco” en el que de la manera más estúpida y derechizante, se le “acusa” de propiciar el desplazamiento de habitantes, cuando la defensa territorial que ha llevado junto con el CECOP en pos de su pueblo tiene como principal objetivo LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA HUMANA Y LA NATURALEZA EN CACAHUATEPEC. () En este canal se utiliza un matiz fuertemente agresivo y violento en contra no sólo del CECOP, sino también de los abogados y defensores de derechos humanos de “Tlachinollan”, los padres, madres y compañeros normalistas de Ayotzinapa, así como de los maestros organizados en la CNTE y la CETEG.

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No es la primera ocasión en la que lágrimas y sangre se homologan en el suelo de estas comunidades. A medio día del viernes 9 de junio del 2017, un comando armado acribilló sin compasión a una familia entera en la Calle Ceiba. Este asalto armado dejó como saldo la muerte de tres mujeres, un hombre, un joven de 17 años y un bebé de apenas cuatro meses. La Secretaría de Seguridad de Guerrero reportó también que dos menores de edad de 8 y 11 años, respectivamente, y un bebé de un años, resultaron heridos. ()

La incursión de grupos armados no legitimados por los pobladores y comuneros que conforman esta territoralización, en realidad se dio desde el 7 de marzo del 2017, por lo que se han tocado las campanas de la organización una vez más para emprender acciones conjuntas y ponerle un alto a la violencia que es “comandada desde el gobierno estatal a nombre de una ‘organización ciudadana’ de empresarios armados”.

Como medio de comunicación, en Ruptura Colectiva (RC) registramos los siguientes incidentes en el mes de marzo que llevaron a agilizar el estado de alerta en la gente ante los grupos armados: 1) golpearon al Sr. Don “Cheto” de la comunidad del Rincón hasta destrozarle la nariz; 2) le dispararon a un poblador del Camposanto, lo hirieron y le dieron un levantón; 3) en Oaxaquillas levantaron a una persona, fue golpeada y despojada de su dinero; y 4) lesionaron a una persona sólo por llevar iguanas, argumentando que es delito, pero no se dan cuenta que muchas personas humildemente viven de eso. ()

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¿Cuál es la razón de este clima permanente de violencia? Sencillo: las lógicas del capitalismo extractivista que a su vez genera la divisón en las comunidades y autoridades, la formación de grupos armados -uno, legítimo para la defensa de los recursos naturales y los pobladores, y otros, para la intimidación violenta en perjuicio de los defensores territoriales y cualquier opositor a los proyectos extractivistas- y también, la descomposición interna de los pueblos mediante el incremento de la venta de drogas, extorsiones y la degradación en perjuicio de los jóvenes al introducirlos al ‘mundo del dinero fácil’ (como principal ejemplo, tenemos al joven que inició la trifulca durante la madrugada).

Como he escrito -ya miles de veces- el proyecto hidroeléctrico de La Parota representa un enorme botín de ganancias para el empresariado guerrerense y nacional a costa del desfalco -ilegal- del agua, la tierra, el aire (¡de la vida!) de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, teniendo como principal privilegio su ubicación: el imperio turístico de Acapulco.

Con el avance depredador de las multinacionales mineras -Guerrero, Puebla, Zacatecas, Chiapas-, eólicas -Oaxaca-, hidroeléctricas -Morelos, Veracruz- y de cultivos transgénicos -Campeche, Yucatán, Quintana Roo-, así como con la aprobación de la llamada Ley de Biodiversidad, la travesía queda más llana y como ‘pan comido’ para saquear los recursos de las poblaciones más vulnerables y olvidadas, o lo que prefiero llamar: “el Acapulco que nadie ve (o mejor dicho, que nadie quiere ver)”.