El 17 de diciembre de 2015, autoridades locales hallaron 21 osamentas en la Barranca de la Virgen, en la topografía central de Chichihualco. Fotografía: Jesús Dorants / Sur Digital.
Demián Revart
I
Algunas primeras conjeturas
Ya era momento de hablar acerca de este jolgorio de contradicciones en las “zonas calientes” del trasiego de la droga, las operaciones comerciales-extractiva ilícitas y los más altos índices de barbarie de algunos grupos criminales en México. Estos, no siempre pueden ‘chambear’ solos, representan alrededor del 0.5% al 3% [1] de la población total, por lo que tienen que hacerse de un capital social –negativo- que produzca un tipo de blindaje
Las exigencias sociales de algunos movimientos comunitarios más bien se asemejan a la sustitución de poderes y de las pilastras de la violencia, olvidando que la gesta más inteligente es su erradicación, para que los pueblos logren organizar la autoadministración democrática de sus necesidades y así “salir del hoyo”.
No estoy seguro si sería idóneo llamar “movimiento social” a lo que ha ocurrido desde el pasado domingo 30 de julio en los pueblos de Leonardo Bravo –municipio ubicado en la zona central de Guerrero, nombrado en ocasiones sólo como Chichihualco-, sin embargo, no hay vacilación ni duda alguna en afirmar que hay una energía social en la reciente expulsión de la policía federal que puede emerger, como mencioné en el párrafo anterior, en una vindicación integral para los intereses comunes y no para la manutención del comercio infrarrojo de la droga que se encarna en el control territorial de un cártel –o varios- y el reemplazo nocivo del sustento alimentario local (así como la constante rotura de las prácticas socioculturales ligadas a cada poblado) por el cultivo de la amapola y la mariguana.
II
El binomio policía-narcotráfico no es una opción
A mediados de 2017 se popularizó el fenómeno de “Los Huachicoleros” en el estado de Puebla. El contenido que hay que extraer de este es unitivo; el sostenimiento del mercado por las personas que se dedican al robo y extracción de los hidrocarburos, y una fracción de las comunidades aledañas que los protegen, pues su bolsillo sonríe al encontrar esta nueva oportunidad financiera que supera por abismos al trabajo local (agricultura, ganadería, comercio interno, etc.)
Algo idéntico -bueno, mejor dicho, con una ‘identidad’ similar- sucede en las zonas con mayor afluencia de los cárteles en el sur del país.
Los municipios de la zona central de Guerrero y de Tierra Caliente están siendo altamente disputados por éstos, debido a su perfecta locación mercantil-productiva en el “Pentágono de la Amapola” [2], ya que: 1) teniendo las más grandes sierras y las tierras fértiles más fértiles del país, se agiliza el cultivo de la amapola y mariguana, así como por la nula visibilidad de estas geografías, se facilita a la vez la instalación de los campamentos clandestinos donde se trabaja la goma de opio para convertirla en heroína, y 2) los tiempos de circulación de las drogas se reducen increíblemente por su cercanía con los postores locales (Chilpancingo), con el norte (zona poniente del Estado de México y la Ciudad de México) y con las minas de oro de estupefacientes que son los puertos marítimos como Acapulco y Lázaro Cárdenas en Michoacán.
Ya conocemos cuantiosamente el proceso de la “Guerra contra el Narcotráfico” iniciado en diciembre de 2006 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero no está de más rescatar la idea de que dicha ‘guerra’ no ha resultado en la eliminación del elemento dañino (narcotráfico) de nuestra fórmula matemática, sino, en su integración exponencial a manera de binomio (narcotráfico-policía/ejército).
No hace falta ser un portavoz de la ONU o un experto en criminalística para entender que la policía y el ejército fungen en lo mínimo como actores en el escenario del ‘combate’ al narcotráfico. No lo penetran ni tantean en el fondo, sólo actúan como si de una aspiradora se tratara, una máquina de limpieza que, por una parte, se dedica a capturar cabecillas y sicarios, patrullar de manera alegórica en las grandes avenidas y carreteras con la intención de plasmar un trabajo de seguridad sin resultados (muy similar a cuando los políticos se toman la foto) y por la otra, barrer la presencia de las células menores y los campesinos que cultivan los opiáceos, ya sea destruyendo sus cultivos o incluso haciendo uso del DERECHO AL EXTERMINIO, o lo que el Estado mexicano llama como “nuestra estrategia antidrogas”.
[1] Estadísticas obtenidas de un recuento de los trabajos de historia oral en comunidades de Guerrero afectadas por el narcotráfico entre 2005 y 2017 (próximamente a publicarse en una compilación de artículos y ensayos). No están considerados los puntos capitales del estado.
[2] Abarca la forma de este poliedro por los puntos de Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Ixtapa y Coyuca. Produce aproximadamente entre el 50 y 60% de la comercialización a nivel nacional.
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