Los años pasan, pero los recuerdos permanecen. El calor ribereño no sólo penetra y hace sudar a las frondosas hojas verdes de los árboles, también penetra el filo de los machetes, la boca de fuego de las escopetas y las orillas pétreas que cubren la orilla del Río Papagayo allí en “el Acapulco que nadie ve”.

Por la mañana del pasado domingo 30 de julio, unos 300 pobladores que integran al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) marcharon de lado a lado en el poblado de La Concepción para remembrar el 14° aniversario de la fundación de esta organización. Acompañados por los policías comunitarios de la CRAC-PC originarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y de algunos otros pueblos de la Costa Chica de Guerrero; una representación de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como representantes estudiantiles de la escuela normal rural; el director Abel Herrera y abogados solidarios del Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”; miembros del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) e invitados y familiares de los comuneros de  Cacahuatepec, los pobladores recorrieron sus tierras como si fuese la primera afrenta del movimiento nacido un 30 de julio pero del 2003.

Titulada “Por la Exigencia” como nickname, la actividad de aniversario contempló una propuesta de “contra-plataforma” para la organización de los guerrerenses para la coyuntura electoral de 2018 “para crear un espacio de participación popular en la que los partidos políticos dejen de destruir nuestros esfuerzos y dejen su cooptación política, ya que en los pueblos pobres del estado sólo vastan algunas láminas, despensas y dinero para comprar conciencias (…) Creemos que hay buenas propuestas que vienen desde el pueblo y aquí no dejaremos que esos desgraciados impongan gobernantes a su voluntad”, comenta en entrevista para Ruptura Colectiva (RC) uno de los comuneros del pueblo.

El pasado domingo 23 de abril, se realizó una asamblea general con la participación de los comisarios, policías comunitarios y pobladores de las distintas comunidades para remarcar -como desde hace 14 años- que hay que continuar enlazando fuerzas locales por cualquier intento de reactivar la construcción de La Parota, ya que el proyecto se encuentra en calidad de “suspensión indefinida”, pero como punto de urgencia, la vociferación de un consenso para expulsar a las personas armadas parte de la UPOEG que ingresaron desde el pasado 7 de marzo sin la petición de la gente. Los hechos de violencia se dieron de inmediato en la primera semana con extorsiones, personas golpeadas y algunos levantones, pero la gota que derramó el vaso fue la masacre de 6 personas de una misma familia (entre ellas, 2 menores de edad) y 3 heridos más el 7 de junio en una pequeña casa ubicada en la Calle Ceiba. El gobierno estatal señaló esta masacre como “un precedente que hay que resolver ya”, iniciando una supuesta “resolución jurídica” para el desarme inmediato de la UPOEG y cualquier grupo armado que opere fuera de la Ley 701 para pueblos y comunidades tribales e indígenas de Guerrero. No se ha hecho justicia desde entonces.

En cuanto al aniversario…

Entre los logros que se destacan, a la cabeza de la lista van la suspensión del proyecto hidroeléctrico “Presa La Parota” y la instauración del sistema de vigilancia autónoma en la zona por parte de la CRAC-PC después de que con machetes, piedras y palos el pueblo expulsara a la policía municipal y estatal para dar paso a la nueva (¡verdadera!) vigilancia por parte de los comunitarios que todos responden a los acuerdos y resoluciones de la democracia directa y comunitaria. “Estamos día y noche en las entradas de los pueblos, todo está mucho más tranquilo desde que decidimos incorporanos a la CRAC-PC, tomar los cursos, capacitaciones y ahora cuidar a nuestros paisanos. (…) Ahora con lo de la UPOEG no responderemos como ellos lo hacen, con la violencia, sino que como le hicimos con el ejército cuando lo del megaproyecto, que sea esa unión la que los haga irse de aquí”, nos cuenta un policía comunitario de La Concepción.

Los comuneros hablan también de las importantes alianzas nacionales e internacionales que se han venido forjando desde entonces, así como “una cercanía más amistosa con los movimientos locales para defender el uso comunal del suelo, los recursos naturales y luchar por salud, educación y trabajos dignos en nuestras comunidades”. El CECOP, por ejemplo, forma parte de la que coordina comunidades en Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas en un alto nivel de vulnerabilidad por la imposición de megaproyectos hidráulicos, mineros y eólicos.

Durante el mitin, se hicieron tres principales exigencias:

1) La cancelación definitiva de la Presa La Parota.

2) La salida inmediata e incondicional del grupo armado de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

3) Medidas integrales para detener el negocio de extracción de grava y materiales pétreos, que representan un saqueo inconmesurable a los recursos comunales.

4) La aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en 2014, caso señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un “crimen continuado.

Para cerrar el texto, me parece idóneo colocar una de las reflexiones -con base en la práctica diaria de un ideal- en torno a este movimiento comunitario: “más allá del territorio y la tierra, nuestra lucha es por defender al sujeto-comunal que sin estos primeros no puede sobrevivir. ¡LA LUCHA SIGUE Y SIGUE, COMPAÑER@S!”.

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