Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 5 de septiembre de 2018.- Semanas después de la liberación de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), reeducados y campesinos de varios Pueblos que pertenecen a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, se ha desatado una persecución y criminalización sin precedentes contra los miembros del movimiento.
La Policía Ministerial al día de hoy mantiene aparatosos retenes en las principales entradas a los bienes Comunales de Cacahuatepec como Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, Las Palmitas, Tasajeras, San Isidro Gallinero y La Concepción y con lista en mano revisa de manera ilegal a todos los campesinos que salen o entran a los Bienes Comunales. Más de 80 elementos recorren los poblados de San Isidro Gallinero, Parotillas, La Concepción, Aguas Calientes, Oaxaquillas, Salsipuedes y Amatillo.
Hace ocho días policías ministeriales catearon ilegalmente el domicilio de Clemente Cabrera Benítez, destacado miembro del CECOP en la comunidad de Tasajeras y se lo llevaron detenido. El 4 de septiembre detuvieron en San Isidro Gallinero a Tomás Cruz Valeriano de la comunidad de Ilamos, los dos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de daños y despojo que derivan de acusaciones infundadas y pruebas fabricadas.
La Fiscalía ha liberado más de 50 órdenes de aprehensión contra igual número de comuneros del CECOP, cuyo delito ha sido defender sus tierras y sus bienes naturales como el Rio Papagayo que es explotado irracionalmente por los empresarios gravilleros. Desde hace una semana la Policía Estatal y Ministerial mantiene prácticamente sitiado los Bienes Comunales de Cacahuatepec con el objetivo de desmantelar al CECOP y diezmar su lucha histórica por sus tierras y bienes naturales.
Las acciones de la Fiscalía General de Guerrero es una clara expresión de la persistencia del Estado de seguir criminalizando a los defensores comunitarios del CECOP. Es evidente el uso faccioso del aparato de justicia para desmantelar la organización y resistencia de los campesinos en su defensa de los bienes naturales de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ha existido confrontación entre opositores y simpatizantes al Proyecto Hidroeléctrico La Parota y de la extracción de material pétreo del río Papagayo con saldos que lamentar para ambas partes, sin embargo, la Fiscalía solo ha actuado contra los miembros de la CRAC y del CECOP. Por citar un ejemplo, en los hechos del 7 de enero de este año en la Concepción, fueron asesinados cinco miembros de la CRAC y del CECOP sin que a la fecha se haya investigado. ¿Acaso por ser de la CRAC y del CECOP no merecen justicia? Los actos de tortura perpetrada el mismo día en la Concepción permanecen sin los más mínimos avances. En las audiencias que se han llevado con la Juez de Control ha tenido que llamar la atención a la Fiscalía sobre la falta de debida diligencia en las investigaciones de estos actos de tortura.
Es evidente que hay una acción coordinada y deliberada de las autoridades Estatales para destruir al CECOP, ejecutando órdenes de aprehensión que fueron libradas en otro momento, con el único objetivo de defender los intereses económicos de empresarios gravilleros. Esto corrobora la preocupación de la Relatora de Pueblos Indígenas de que los defensores comunitarios son los más perseguidos. En Guerrero van 15 años que los Gobiernos en turno han hecho causa común contra campesinos pobres que dignamente defienden sus tierras.
Ahora además de atizar la división comunitaria, la confrontación de grupos que el Gobierno ha creado para impulsar La Presa La Parota se usa el aparato de justicia para doblegarlos y diezmar su movimiento. En lugar de perseguir y desmantelar a los grupos delincuenciales, el gobierno focaliza su fuerza y el aparato estatal contra los miembros del CECOP, enviando policías a sus comunidades como si ahí estuvieran los focos rojos de la inseguridad y no campesinos pobres que defienden sus tierras y ejercen el derecho a la protesta.
Es por ello, que exigimos al Gobierno Estatal y Federal:
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Cese la persecución contra miembros del CECOP.
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Retire los retenes ilegales que mantiene la Policía Ministerial en los bienes comunales de Cacahuatepec.
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Cesen cateos ilegales a los domicilios de los miembros del CECOP y se eviten los recorridos sin justificación alguna que la Policía Ministerial realiza en los Pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
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Libertad inmediata para los presos del CECOP.
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Cancelación de las órdenes de aprehensión infundadas.
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Alto al uso faccioso del aparato de justicia contra los campesinos que defienden el territorio.
Atentamente
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP)
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC)
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos
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