Hoy se cumplen 3 meses del secuestro y encarcelamiento en penales de máxima seguridad de 39 policías comunitarios del municipio de Eduardo Neri en Guerrero, quienes “se organizaron para proteger al pueblo porque ya había harto miedo, aquí ya entraba gente armada, había robos, extorsiones y más delitos“, narra una de las esposas que ahora tiene 3 empleos por día para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos y demás familiares.

En la comunidad de Plan de Liebres -un pequeño asentamiento rural de casas de madera y cubieras con lonas de propaganda política, ubicada justo a lado de la carretera Iguala-Chilpancingo- la presencia de hombres es nula. Sus familias ya resienten el hambre y los niños llevan semanas sin asistir a sus escuelas por los serios problemas económicos debido a su ausencia, ya que a pesar de que sus esposas están buscando todos los medios para subsistir pidiendo empleo en la zona restaurantera de la carretera -de gran peligro por los levantones y secuestros que ahí emergen- o en domicilios particulares, el dinero no les alcanza para dichas necesidades. Algunas de ellas no tuvieron otra opción más que lavar ropa ajena y realizar labores domésticas “para sacar pa’ la tortilla”.

En el pueblo, los ahora presos eran trabajadores humildes de pies a cabeza; se dedicaban al campo, el cuidado de animales, la extracción de piedra y la elaboración de tabiques, lo que refuta la versión de la “investigación jurídica” del gobierno en los que se les acusa de enriquecimiento ilícito, portación de armas y cartuchos de uso exclusivo, delincuencia organizada, privación de la libertad, robo de vehículos y ataques a las paz pública… “Si fueran delincuentes como dice el gobierno, tendríamos buenas casas, pero miren na’ más en qué condiciones vivimos”, comenta a manera de argumento una de las madres de familia, señalando su humilde vivienda a la intemperie y las colchas deterioriadas en las que duerme todos los días.

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El pasado jueves 26 de octubre, un operativo de la policía estatal y el ejército mexicano detuvo con lujo de violencia a 49 integrantes federados en la Policía Comunitaria de los Pueblos de Eduardo Neri en el estado de Guerrero, una iniciativa autónoma de seguridad que surgió el 15 de mayo del 2017 ante las extorsiones y secuestros acaecidos por los cárteles como Los Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana, que han hecho de la región un verdadero infierno.

Desde su surgimiento, los integrantes del proyecto (o coloquialmente llamados “comunitarios”) instalaron retenes para preservar la tranquilidad de sus comunidades las 24 horas. La ciudadanía guerrerense que ha observado cambios sustanciales como la reducción al mínimo de secuestros, robos de vehículos y asaltos en locales comerciales, contribuye con la policía comunitaria con donaciones voluntarias, alimentos y materiales de construcción para los módulos de seguridad.

Con este operativo, el Estado mexicano busca desarticular mediante el encarcelamiento y la criminalización, a las personas que toman legítimamente las armas para luchar en defensa de sus comunidades, ya que “no les queda de otra“: esto se resume en “defenderse o morir”.

Más información:

– “Aquí ya no entra ningún cártel, ni extorsionadores del gobierno”; Policía Comunitaria de Eduardo Neri” ()

– “Se levantan en armas en Guerrero contra Los Rojos, La Familia Michoacana y Los Guerreros Unidos” ()

– “Con cárcel a 42 comunitarios, gobierno de Guerrero busca acabar con grupos de autodefensas” ()

– “Mexican government seeks to disarticulate self-defense groups by imprisoning 42 “comunitarios” from Guerrero” (http://rupturacolectiva.com/mexican-go…/)